El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, así como la guerrilla de las FARC, han dado un paso significativo para poner fin a 52 de años de enfrentamiento armado. Desde este 29 de agosto rige el cese bilateral del fuego en Colombia.
Aunque este hecho no representa la firma definitiva de la paz, ya que esto deberá realizarse luego de que el sí triunfe en el plebiscito del próximo 2 de octubre, podría catalogarse como un avance altamente significativo. En el marco de las negociaciones mantenidas por casi cuatro años en La Habana, el cese al fuego es una de las etapas claves para su desmovilización, entrega de las armas e incorporación a la sociedad.
Sin embargo, la consecución de una paz duradera en Colombia todavía está por verse. Para ello habrá que superar muchos obstáculos. Uno de ellos es el plebiscito del 2 de octubre, el cual será tomado por el ex presidente Álvaro Uribe para argumentar en contra.
Otra de las dificultades que se tendrá que enfrentar es el rechazo que existe hacia las FARC de la mayoría de los colombianos. El resultado de estos 52 años de lucha armada es terrible: 260 mil muertos, 45 mil desaparecidos y 6,9 millones de desplazados. A ello se suman secuestros, reclutamiento forzoso de jóvenes, apropiación ilícita de tierras y bienes, y actos escandalosos de violación de los derechos humanos.
Pero el mayor reto representa el cumplimiento de las partes de cada uno de los pasos fijados en el acuerdo de paz. Aunque a fines de septiembre las FARC prevén realizar su último congreso o encuentro como grupo armado antes de convertirse en movimiento político, uno de sus frentes, dedicado principalmente al cultivo y tráfico de drogas, ya ha manifestado que no se plegará al proceso. Esto hace pensar que aquellos que no se desmovilicen y entreguen las armas, posiblemente pasarán a engrosar las filas del ELN o de grupos delictivos.
Del lado del gobierno colombiano, la tarea es ardua. Todo lo referente al complejo sistema de justicia transicional en el que se excluye la cárcel por ciertas restricciones a la libertad y obligaciones de contribuir con la verdad y la reparación de víctimas. La incorporación de los ex combatientes de las FARC a la vida civil (son cerca de 15 mil). Las reformas en materia de tenencia de la tierra. La sustitución de los cultivos ilícitos de drogas. La poca presencia del Estado en ciertas zonas y la inversión que tendrá que hacer en escuelas, vías, energía, centros médicos, vivienda.
Como ha dicho el presidente Santos, el acuerdo de paz es imperfecto. No siempre se puede contentar a todas las partes. Sin embargo, es mejor de lo que se esperaba. Colombia es un país de muchas guerras. No se podrá fin a todas pero si a una de las más importantes.
El cese al fuego, la desmovilización y la entrega de las armas por parte de las FARC representa un avance significativo en materia de mejoría del orden público aunque no necesariamente en términos de paz.
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