Ante los bochornosos acontecimientos de las últimas semanas, que empezaron con la revelación de la conversación entre el Presidente de la Asamblea y el ex Contralor del Estado, el Presidente de la República dijo que los protagonistas de hechos reñidos con la corrección que impone la función pública, debían dar un paso al costado.
Esa debería ser la conducta de las personas que entienden la función pública con vocación de servicio. No comprometer a las instituciones por sus acciones personales negativas. Como hizo el Vicepresidente uruguayo que renunció a su cargo porque había usado una tarjeta de crédito institucional para un gasto personal de unos pocos dólares, contrastando con el vicepresidente Glas –que se negó a renunciar- por causas bastante más graves.
La conformación del Consejo de Participación Ciudadana con personas no necesariamente relacionadas con el Gobierno abre las puertas a un proceso de reinstitucionalización. No puede marchar bien un país en el que todas las funciones del Estado están controladas por la misma persona o por el mismo partido. Su independencia es imprescindible para que las autoridades se sometan a la ley y no atropellen procedimientos y derechos de terceros.
Es imprescindible para evitar la corrupción. Lo sucedido en los últimos años lo demuestra. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana fueron ciegos, sordos y mudos ante lo que sucedía. Todos ellos estaban relacionados con el Gobierno o eran cónyuges de otros funcionarios. Los funcionarios por ellos designados, luego de concursos sospechosos, por decir lo menos, demostraron que no existió independencia para controlar las acciones –y omisiones- de las altas autoridades estatales, ni para luchar contra la corrupción.
El proceso de revisión de su actuación tiene el riesgo de la entrada al laberinto del que difícil y tardíamente se sale.
El paso al costado sugerido por el Presidente de la República, no acogido por el destituido Presidente de la Asamblea, puede ser el camino adecuado y eficaz que conduzca a la anhelada reinstitucionalización. Así se podrá realizar con oportunidad y objetividad la selección de autoridades tan importantes para la Procuraduría, la Contraloría, el CNE, las Superintendencias, que en el afán de controlar y dirigir todo se crearon en demasía, lo que obliga a reexaminar su necesidad y conveniencia.
Algunos han renunciado, como el Procurador García. ¿Será posible esperar que otros tengan la elemental delicadeza de reconocer que el país vive otros tiempos y que su paso al costado evitaría más percances y sobresaltos? ¿Será posible que reconozcan que su presencia no corresponde a la necesidad imperiosa de luchar contra la corrupción y que para eso es indispensable la presencia de autoridades independientes de intereses económicos y políticos? O habrá que esperar la destitución de todos, faltos de delicadeza y sensibilidad patriótica?