16 de February de 2011 00:00

¿Qué nos pasa?

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Carlos Larreátegui

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Decía Arturo Uslar Pietri que Venezuela, más que un país, era un territorio poblado, un lugar donde la gente pululaba, un espacio que carecía de estructura, de esqueleto, de instituciones que dieran carácter formal y legal al Estado. Parecería que esa apreciación puede aplicarse con propiedad al Ecuador. Nos encontramos frente a un Estado autoritario y, al mismo tiempo, quebrado, sin posibilidades de proveer bienes públicos mínimos como seguridad, imperio de la ley y protección efectiva de los derechos del individuo. Si bien nuestro país sufría ya de tremendas debilidades estructurales, el modelo autoritario de AP y su aparato público elefanteásico ha liquidado las capacidades institucionales mínimas de nuestro Estado.

El panorama es patético: policías altamente desmoralizados y militares cuidando calles y cárceles mientras los asesinos campean libremente por el territorio nacional, franquean hogares y negocios y masacran a ciudadanos indefensos; soldados protegiendo vastas zonas rurales para evitar invasiones a predios públicos y privados mientras los traficantes de tierras sienten que el Ecuador es tierra de nadie; jueces y cortes que no protegen los derechos ciudadanos y que son percibidos como instituciones pútridas; universidades y hospitales públicos desbordados por una demanda alimentada por la demagogia y el populismo. Entretanto, la improvisada e ideologizada política exterior nos ha colocado en una grave desventaja comercial frente a nuestros vecinos y nos aísla progresivamente del contexto de naciones democráticas.

En el plano institucional las deformaciones son graves. Al cabo de dos años de vigencia, el fracaso rotundo de la Constitución de Montecristi revela la improvisación , impericia y poco realismo de sus redactores. La división de poderes y los controles institucionales para garantizar eficacia y transparencia a la gestión pública han sido aniquilados. El Poder Legislativo, la Corte Constitucional, el CNE, el tristemente célebre Consejo de Participación y todos los contrapoderes del Ejecutivo se han convertido en fantoches que acatan dócilmente los dictados presidenciales. Las opiniones discrepantes son atropelladas con insultos, vejámenes y persecuciones judiciales. Los órganos de control dividen a los sospechosos de actos ilícitos entre oficialistas y no oficialistas; protegen a los primeros y guillotinan a los segundos.

El país está acumulando una presión muy peligrosa que podría estallar sin previo aviso. El Régimen, en lugar de accionar válvulas de escape que permitan liberar dicha presión, profundiza sus errores y exacerba las tensiones de modo irreflexivo y arrogante. Una crisis de proporciones insospechadas comenzó a incubarse luego del 30S y parecería que la muerte cruzada es la única salida institucional que el libraco de Montecristi nos otorga.

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