Paralización judicial

Tal vez las características más notorias del proceso de 'reforma judicial' sean la frecuente suspensión parcial (en ocasiones casi total) de la atención de los juzgados y el irrespeto a los ciudadanos interesados en el trámite de los juicios -los abogados y sus clientes. La última paralización (hablo de los juzgados de lo civil) se ha producido, por orden del Consejo de la Judicatura, en noviembre y diciembre. Con la finalidad de "inventariar y preparar el despacho de las causas que actualmente se encuentran represadas", los juzgados se han dedicado con exclusividad a declarar el abandono de juicios, incluso violando claras normas legales o sin el transcurso de los dieciocho meses exigidos por la ley .

La solución me parece admirable y luminosa: los juzgados despachan con premura juicios abandonados o terminados, que no interesan a nadie, porque están 'represados', y contradictoriamente han dejado de atender, 'represándolos', los juicios en trámite: no califican demandas, no señalan día y hora para audiencias o juntas de conciliación, no proveen pruebas, no dictan sentencias, no ordenan la entrega a los beneficiarios de los dineros consignados por remates o por cancelación de deudas… ¿Un juicio en el que la sentencia no ha sido dictada desde hace cuatro o cinco años no está también 'represado'? Claro que sí, pero la sentencia no lo termina, y, por tanto, no sirve para las estadísticas.

¿Los vocales del Consejo de la Judicatura no han comprendido que la administración de justicia es un servicio público y que la atención eficaz y oportuna a los ciudadanos es una obligación prioritaria? ¿La frecuente suspensión de sus actividades, sin previo aviso, es la forma de cumplirla? ¿La paralización casi total de los juzgados en diciembre, mes con más necesidades y mayores gastos, no constituye una verdadera agresión? ¿La dispersión de los juzgados, para satisfacer los anhelos de lujos innecesarios de los asambleístas, con la pérdida de tiempo que ocasiona, fue acertada? ¿La actitud cada vez más prepotente y displicente de algunos jueces -y juezas- es una demostración de respeto? La 'reforma judicial' no es una tarea de burócratas sin vinculación con las actividades diarias de tribunales y juzgados y sin conocimiento directo de sus acuciantes e inmediatos problemas reales, que imponen medidas, como la llamada 'depuración' (ya lleva tres años), que traban y demoran más el deficiente y lento trámite de los procesos y dificultan el libre ejercicio profesional. No habrá una auténtica reforma de la administración de justicia si no se garantiza su total y absoluta independencia (sin jueces sumisos y temerosos) y sin el convencimiento de que la atención respetuosa, rápida e imparcial a los ciudadanos es una obligación prioritaria y su más importante e ineludible responsabilidad.

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