Algunos han calificado como “paradoja” que luego de cinco años de “revolución”, la economía se mantenga “hiperconcentrada” mientras las grandes empresas prosperan como nunca antes. No cabía esperar nada distinto.
Por años, el reporte Doing Business (DB) del Banco Mundial -el más completo análisis global sobre el ambiente regulatorio para los negocios- ha mostrado que las regulaciones empresariales gravosas y aquellas que limitan la competencia, perjudican a los emprendedores que poseen menos recursos y “contactos”.
Dentro de la región, Ecuador ha ocupando los últimos puestos del ‘ranking’ DB por la vigencia de regulaciones costosas y burocráticas para las actividades empresariales, lo que se ha agravado en los últimos años.
El reporte 2012 indica que: “En América Latina y el Caribe, las economías con los entornos regulatorios más favorables, Chile, Perú y Colombia, continuaron mejorando: todas ellas realizaron reformas en las regulaciones medidas por DoingBusiness. En cambio, no hubo reformas de esta índole en la mayoría de los países del Caribe ni en Ecuador”. De hecho, Ecuador perdió posiciones en la mayoría de áreas evaluadas.
Esta situación beneficia primordialmente a las grandes empresas que son las que cuentan con la sofisticación, la escala, los contactos y los recursos administrativos y financieros para lidiar con las cada vez más complejas restricciones a los negocios que se han implementado en estos años, o para influir en los funcionarios que deben aplicarlas. Cuando el Gobierno avanza en su esfuerzo por “apretar las tuercas” al sector privado, en realidad les hace un favor a muchas de las grandes empresas.
Los draconianos límites a las tasas de interés y los precios de los servicios bancarios perjudican en mayor medida a las instituciones financieras pequeñas que tienen un mayor costo de fondos y menores economías de escala, mientras desincentivan la entrada de competidores extranjeros, reservando los mercados locales para los grupos financieros tradicionales. Las restricciones a las importaciones protegen primordialmente a los negocios de empresas industriales ecuatorianas -o extranjeras que producen en el país-, a la vez que otorgan ventaja a los mayores importadores que tienen acceso privilegiado a “licencias de importación” o servicios aduaneros.
Las autoridades se vanaglorian de ofrecer beneficios para el desarrollo de las pequeñas empresas, mientras multiplican el número de trámites y la cantidad de requisitos que los empresarios deben cumplir para sus actividades. Esto perjudica a las pequeñas empresas que no cuentan con un ejército de asesores y abogados que les ayuden a cumplir con las regulaciones, situación que para frustración del Gobierno mantendrá vigente la ‘paradoja’ y eventualmente propiciará regulaciones más radicales en el futuro.