Sebastián Mantilla

Un país fracturado

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Miércoles 23 de octubre 2019

smantilla@elcomercio.org 

Las recientes protestas, más allá de que pudieron haberse evitado si la decisión de eliminar los subsidios a los combustibles hubiese sido consultada y sociabilizada previamente, deja al Ecuador fragmentado. Fragmentado y divido entre el campo y la ciudad, entre blancos-mestizos e indígenas, entre quienes quieren generar el caos y quiénes prefieren la paz social, entre clases sociales, entre políticos y ciudadanos…

Aunque el Art. 98 de la Constitución de la República establece que los “individuos y los colectivos tienen el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público”, esto no significa que, por más derechos que tengan quienes participaron en las recientes manifestaciones, produzcan destrozos de bienes públicos y privados, que suspendan servicios básicos, desabastezcan ciudades, irrumpan la producción de crudo, bloqueen vías, atenten a infraestructuras de telecomunicaciones, quemen edificaciones como el de la Contraloría General del Estado, destacamentos de Policía y vehículos, ataquen medios de comunicación y agredan a periodistas, dañen bienes patrimoniales (como lo sucedido en el Centro Histórico de Quito), etc.

No es un consuelo saber que los niveles de beligerancia y de violencia fueron posiblemente menores a los de Santiago de Chile. Pese a las críticas, el presidente Lenin Moreno actuó finalmente con sabiduría y buen criterio, así como los representantes de las principales funciones del Estado, Policía, Fuerzas Armadas, Iglesia, Naciones Unidas, sociedad civil, gremios y ciudadanía en general que han puesto a la paz, la estabilidad y la vigencia de la democracia como prioridad.

Deberíamos hacer de esta crisis una oportunidad. Partir de la necesidad de que ciertos sectores de la sociedad necesitan ser escuchados y deben ser tomados en cuenta en la toma de decisiones, de que el país es mucho más diverso, de que el Estado, a través de Fuerzas Armadas y la Policía, deberían garantizar la seguridad de todos (requieren para ello de las normas que los faculten a actuar y de los medios necesarios), de que hay que poner atención a la influencia externa, de que se requiere restablecer los sistemas de inteligencia (pero en el bien sentido de la palabra), de que el Estado debería contar con sistemas de alerta temprana y planes de acción frente a las amenazas que podrían derivarse de estas nuevas formas de protesta.

Sobre todo, sancionar de manera ejemplar a quiénes han querido generar el caos y la desestabilización. Como se ha dicho, todos tenemos el derecho a manifestar nuestra inconformidad pero no a través del vandalismo, el saqueo o la violencia. Una minoría no puede poner el jaque a toda una nación. La dirigencia indígena debe revisar profundamente su accionar. Si antes fueron un movimiento renovador y democratizante, se han convertido ahora en una fuerza incendiaria del bolivarianismo autoritario y corrupto de la región, donde entra por su puesto el ex presidente Correa.