Hay muchas cosas que a nivel internacional han causado vergüenza para el Ecuador. Casi todas relacionadas con la corrupción. Nada como la revelación de 882 casos de abuso infantil, 282 solamente en el último período. Esto necesariamente implica la existencia de una red de abuso y pornografía infantil que debe provocarnos no solo náusea e indignación, sino la urgencia de cambiar un sistema enfermo lleno de condescendencia, verticalidad que solo empeoró una crisis ya existente.
No, no es suficiente con una campaña pública y el levantamiento de las reservas de información decretadas por el Ministro de Educación. Tampoco es suficiente los sumarios administrativos para los supuestamente implicados. Estamos en esta crisis humana, que ya ha hipotecado la tranquilidad y salud mental de todos los niños involucrados y sus familias de por vida y un costo social para todos los ecuatorianos en las décadas por venir.
América Latina es desigual no solo por desigualdades en el ingreso o la distribución de la riqueza, sino por la desidia con la que la clase política en general y los burócratas tratan a los más desposeídos. Casi todo funcionario público tiene a sus hijos en escuelas privadas y no sufren en lo más mínimo las dificultades de una madre o padre para quien cada visita a la escuela significa perder parte de su ingreso diario. Esos padres seguramente fueron formados también en escuelas públicas donde el dictado y el sometimiento dejaron lecciones sociales de vida.
Convertir a la educación en un derecho y empoderar a niños y padres para que se defiendan implica mucha democracia. Ellos son el primer anillo de defensa contra los abusadores. Programas de educación sexual desde los seis años han probado ser el escudo más efectivo para que los niños entiendan qué es un abuso, cuáles son sus características y cómo defenderse. El segundo anillo son los padres, hay que empoderarlos y darles voz y voto en las decisiones de la escuela a la que sus niños asisten.
El tercer anillo de defensa es empoderar varios anillos de organización sindical y/o profesional. Psicólogos atendiendo a escuelas públicas con línea directa al Ministerio de Salud. Informáticos a cargo de servidores en escuelas fiscales con línea directa a la Dirección de Menores de la Fiscalía. Solo un panel permanente interdisciplinario e interministerial dedicado a combatir el abuso podrá poner la casa en orden y tomar decisiones orgánicas y transparencia.
Pero nadie va a ser empoderado o rescatado mientras no haya justicia. No debería quedar un solo responsable impune, incluyendo ministros y funcionarios que miraron para otro lado frente a uno de los peores crímenes que se puede cometer: el abuso infantil. Los niños abusados seguirán siendo un número en las estadísticas y todo el discurso de progresismo y o buen vivir no pasa a ser más que un mal chiste en un país enfermo.
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