Llama la atención que luego de nueve años en el poder, hoy el Gobierno se interese tanto en los paraísos fiscales. Sobre todo, cuando las primeras señales de la forma en que algunos ecuatorianos utilizan esos destinos para ocultar sus operaciones aparecieron en los primeros años de la Revolución Ciudadana.
Específicamente, en junio del 2009 se conoció por denuncias de la prensa que Fabricio Correa, hermano del Presidente, era propietario de varias empresas en Panamá (considerado paraíso fiscal), que a su vez eran accionistas de compañías que recibieron contratos y subcontratos del gobierno por USD 700 millones. Esa, al menos, fue la conclusión de la veeduría ciudadana integrada por pedido de Rafael Correa, quien luego demandó a sus integrantes, que fueron sentenciados por un presunto falso testimonio al concluir que él sí conocía sobre los contratos que recibió su hermano.
Hoy los tiempos y las prioridades políticas cambiaron. Para el Gobierno es vital posicionar una cruzada contra los paraísos fiscales, aprovechando que está en marcha la campaña electoral. De esta manera, se intenta posicionar en el electorado la imagen de un Régimen que combate supuestas prácticas de evasión fiscal, aunque hasta el momento los principales involucrados por el manejo de fondos públicos en paraísos fiscales son precisamente altos funcionarios del área energética. En buena parte de estos casos, a las autoridades hoy enjuiciadas les importó poco burlar la prohibición legal de, por ejemplo, no incluir en sus declaraciones de bienes las empresas que crearon fuera del país.
La ley no es suficiente ni cambia comportamientos corruptos, cuyo caldo de cultivo es un sistema de contratación discrecional que no cuenta con controles y alertas oportunas.
También cabe preguntarse por qué no se tramitó este tema por la vía de la Asamblea. En este caso habría bastado que envíe un proyecto por la vía urgente, para que sea aprobado sin contratiempos. Pero en la lógica de campaña priman los golpes de efecto.