Aunque pretenda el presidente Guillermo Lasso, así como cada uno de sus colaboradores, negar su participación en la liberación de Jorge Glas, los hechos hablan por sí solos.
El problema radica en que este pacto no se dio únicamente en la esfera legislativa (como a veces puede darse e incluso se dio con la abstención de Unes en torno de la Reforma Tributaria) sino que llegó a un ámbito extremadamente delicado: dejar suelto a uno de los símbolos más connotados de la corrupción. Un acto político reprochable, polémico e injustificable.
A más de ser una burla para todo el sistema de justicia (al igual que las amnistías concedidas a los delincuentes que participaron en la quema de Quito y en las revueltas de octubre de 2019), la participación de Lasso en la salida de Glas es una afrenta para los ciudadanos decentes y respetables de este país.
Una vez que ha quedado al descubierto los entresijos de este infame acuerdo, suponemos que ahora Lasso no tendrá que preocuparse por los intentos desestabilizadores del legislativo y ahora sí tendrá los votos para aprobar sus proyectos de ley. Suponemos también que el juicio a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana no va a darse y que la designación de contralor, superintendentes, presidente del Consejo de la Judicatura, miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral responderá a una lógica del reparto, dejando al margen al PSC, Pachakutik y la ID.
Lo que no le ha contado Lasso al país, a más de facilitar la liberación de Glas, son los alcances que va a tener este pacto. ¿Después de la toma de las instituciones de justicia echarán abajo los juicios en contra del ex presidente Correa? ¿Ahí también aparecerá otro juez de Manglaralto que les permita decir que ellos no tienen nada que ver y que eso es parte de la crisis de la función judicial?
Lasso se ha pasado de la raya. Ha cometido un error garrafal. Su presidencia va a quedar manchada por haber facilitado la salida de Glas y de haber transado con la corrupción.