Diego Araujo Sánchez

Romero, la punta del ovillo

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Martes 03 de marzo 2020

Dos causas penales pesan sobre Pablo Romero Quezada, que regresó al país extraditado de España: la primera, como presunto responsable del operativo para secuestrar en Bogotá a Fernando Balda. La jueza de la Corte Nacional Daniela Camacho llamó a juicio por esta causa no solo al ex jefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y a dos agentes al servicio de esa entidad, sino al expresidente Rafael Correa. Los agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón admitieron su culpa en el delito; al haberse acogido a la cooperación eficaz, el tribunal de juzgamiento de la Corte Nacional les sentenció con una pena reducida.

La segunda causa se la sigue, a partir de un informe de Contraloría, por presunto delito de peculado en el caso conocido como Caminito, una operación encubierta en la cual, para investigar a un supuesto grupo de hackers, se efectuaron en el exterior abultados pagos sin justificación.

Esas dos causas penales remiten a hechos de la mayor gravedad: el uso de una entidad del Estado para cometer un delito y el manejo irregular de los recursos públicos. No se han esclarecido otras denuncias contra la Senain por persecución y amedrentamiento a opositores del anterior gobierno y por espionaje de teléfonos y medios electrónicos a políticos, dirigentes sociales, periodistas…

Tampoco, se ha realizado un examen exhaustivo del manejo de los dineros asignados a esa Secretaría que, entre 2012 y 2018, había contado con USD 310 millones, según informó una crónica de EL COMERCIO cuando el presidente Moreno anunció la eliminación de la Senain.

Solo en el año 2017, el organismo ejecutó un presupuesto de USD 50,8 millones, de los cuales el 84,3% se destinaron a gastos reservados. ¿Será posible todavía que se rindan cuentas con rigor del uso de ese dinero y procesar a los responsables de sus desvíos? La condición secreta de los gastos predispone a la corrupción. Las negativas experiencias llevaron a eliminar esas partidas en décadas pasadas.

La utilización de las instituciones de inteligencia del Estado para perseguir a opositores políticos convertidos en enemigos del régimen de turno ha sido una práctica propia de los dictaduras, los regímenes totalitarios y fascistas. Y ha dado lugar a execrables crímenes. Nada más contrario a la experiencia democrática que el uso corrupto de aquellas instituciones.

La Senain, con dependencia directa de la presidencia de la República, no estuvo al servicio de los intereses Estado, sino más bien en función del apoyo político al correísmo. Este intolerable abuso requiere reparación.

Las dos causas contra Romero resultan la punta de un ovillo más enredado y grueso que exige la acción de la justicia. Ya se verá en los próximos días si los procesos judiciales ayudan o no a desenredarlo.