Óscar Vela Descalzo

Post Buenos Aires

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Domingo 04 de agosto 2019

Hace pocas semanas el Gobierno dio un golpe decisivo a las mafias que controlaban la zona de Buenos Aires, Imbabura, en la que se desarrollaban actividades de minería ilegal, narcotráfico, esclavitud, prostitución, trabajo infantil y lavado de activos.

Tras el operativo de desalojo y control de la zona, varios grupos de mineros ilegales, que no son precisamente los beneficiarios del pingüe negocio de la extracción mineral irregular y de las otras actividades delictivas adheridas a ésta, se han agrupado alrededor de las concesiones mineras legales de la provincia amenazando con incursionar en ellas. Los mueve en ciertos casos la necesidad de trabajar y ganarse la vida, pero la verdad es que son grupos organizados y dirigidos como marionetas por bandas delincuenciales que hacen de titiriteros en ese turbio negocio.

De este episodio de Buenos Aires podemos sacar dos conclusiones, la primera es que los recursos minerales de este país privilegiado por su riqueza jamás se quedarán bajo tierra, pues siempre existirán mafias que buscarán explotarlos de cualquier forma, y, por obvias razones, la mejor forma será intentar que las concesiones otorgadas por el Estado al amparo de la ley y la Constitución sean despojadas o usurpadas con violencia. La segunda conclusión recae en los presuntos defensores del medio ambiente, que en los últimos tiempos han emprendido una arremetida delirante contra la minería legal a la que se busca despojar de sus derechos y crear en esas concesiones los nuevos Buenos Aires.

Y es que no se trata de una coincidencia que unos días después de que el Estado hubiera desarmado el millonario negocio de Buenos Aires, varios de los personajes que dicen defender el medio ambiente pretendan realizar nuevas consultas anti mineras en otras zonas del país con riquezas minerales identificadas y comprobadas. Se escudan, obviamente, en el discurso fácil y falaz de la protección de la naturaleza, y alegan para el efecto que se debe eliminar la minería de esos territorios, pero la realidad irrefutable e indiscutible es que esos minerales serán explotados inmediatamente por las poderosas mafias ilegales que hoy ya no tienen ingresos de Buenos Aires.

Las intenciones revestidas de camuflaje forestal de ciertos ambientalistas son muy claras. Es evidente que han intentado torcer la ley y la propia Constitución para someter a consultas populares aquellos temas que no son susceptibles de ser consultados, como el derecho exclusivo y excluyente del Estado para explotar los bienes del subsuelo, o la violación de los derechos reconocidos y garantizados a las personas naturales o jurídicas que desarrollan y trabajan lícitamente en minería.

La agenda post Buenos Aires ya tiene trazada su hoja de ruta, ahora es indispensable descubrir quién, cómo y con qué recursos se financia la supuesta campaña ambientalista contra la minería responsable, que se ha convertido en un verdadero dique para el negocio de estas mafias.