Columnista invitado
Es importante que se entienda claramente que el reiterado pedido -de muchos sectores y analistas- para que se ordene y se imponga disciplina en las finanzas públicas es fundamental por variadas razones.
Si el gasto público crece por encima de lo que crece la economía produce lo que se conoce como falta de sostenibilidad. Es como si una empresa crece en ventas al 5% anual y sus gastos suben al 20% anual. Puede ser que se cubran esos gastos con deuda pero si no se ordena en algún momento tendrá que ajustarse con más ingresos, menos gastos o alguna combinación de ambas alternativas. Se torna insostenible ese nivel de gastos. Cuando el Fisco está presente en todas o casi todas las actividades productivas, está utilizando recursos públicos para fines que pueden ser atendidos por el sector privado; es decir, desperdicia recursos y no se focaliza en lo que realmente debe atender.
El Gobierno tiene hasta una importadora estatal y una farmacéutica pública, con ministerios como el del Buen Vivir y ministerios coordinadores que confirmarían que los ministros entre ellos no pueden coordinarse. Se puede aplaudir las carreteras o los recursos para educación y salud, pero todo eso representa apenas 1/3 del total de los gastos. La diferencia equivalente a 2/3 del total son gastos corrientes; es decir, aquellos que no producen ni aumentos de activos ni incrementos de riqueza. Es decir, es mucho más lo que se desperdicia que lo que se invierte.
La necesidad de financiar gastos excesivos lleva a que el gobierno imponga una gestión eminentemente recaudadora. Es decir, busca recaudar cada vez más, no precisamente para mejorar la distribución de los ingresos, sino para cubrir el obeso gasto público que, además de excesivo, es de mala calidad. Prueba de ello son las más de 11 reformas tributarias en los últimos 8 años. De forma simultánea, el exceso de gasto y la intervención estatal en lo que debe y no debe estar presente, desplaza inversión privada, configurando con ello lo que se llama efecto desplazamiento. Esto hace a la economía más dependiente solo del gasto público sin combinar el sector privado como socio del crecimiento económico. Esto significa que cuando el Estado baja el gasto de inversión por cualquier adversidad, llámese baja de precio de petróleo, por ejemplo, se perjudica más la economía porque no hay un sector privado que mitigue el impacto.
Endeudarse en condiciones onerosas y de forma acelerada, restringe recursos futuros para la inversión pública, reduce la liquidez y evidencia una economía desordenada que incide, entre otras secuelas, en el riesgo país, en el costo del endeudamiento futuro y en la inversión externa. Los subsidios deben ser focalizados, explícitamente presupuestados, temporales y decrecientes en el tiempo. Aquellos que benefician más a ricos que a pobres y crecientes no cumplen su rol.
Por todo esto, es tremendamente dañino el desorden fiscal. No es por aficiones ideológicas o políticas.