Uno de los legados que dejará el correísmo por su paso por el poder es la demolición final del defectuoso sistema de partidos políticos que se inauguró en 1979. Este sistema, si bien sucumbió por sus propios defectos, permitió al menos una limitada vigencia de las libertades públicas y cierta alternancia en el poder. Posibilitó, igualmente, la incorporación parcial de sectores excluidos y el desarrollo, cada vez más amplio, de una opinión pública deliberante. Pugna de poderes, fragmentación partidaria, inestabilidad política, corrupción, divorcio con las demandas sociales y baja calidad de la representación fueron algunas de las características del anterior sistema. Sus actores pagaron una abultada factura. De todas las organizaciones anteriores solamente sobreviven dos.
La revolución ciudadana prometió refundar la política ecuatoriana y su sistema de partidos. Correa ganó la Presidencia en 2007 negándose a presentar candidatos al Congreso y sobre la promesa de una Constituyente. La nueva Constitución cambió la forma de integración y organización de la autoridad electoral y modificó las reglas para la conformación de organizaciones políticas. Aquello, en el contexto del despliegue de una poderosa maquinaria plebiscitaria con la que el Ejecutivo mantuvo un vertiginoso ritmo de relegitimación de su poder y que mantuvo a todos los actores políticos en el vértigo de pasar de una elección a elección. El resultado ha sido nefasto.
En vez del surgimiento de un nuevo sistema de partidos, que supere las taras del pasado y abra el campo de representación a múltiples corrientes ciudadanas, en la actualidad tenemos el resurgimiento del caudillismo, una exacerbada personalización de la vida política del país, y una fuerte presión para que las organizaciones políticas actúen como meros vehículos electorales.
Mientras tanto, la política ecuatoriana ha transitado de una democracia inestable y desconectada de la ciudadanía, a un modelo autoritario marcado por la concentración total del poder en manos del Ejecutivo, un deterioro profundo de las libertades públicas, un centralismo en alza que ha truncado los avances en descentralización, y un pesado estatismo económico.
¿Qué papel, entonces, les corresponde jugar a las organizaciones políticas en el presente? Construir representación; expresar un proyecto de país, una corriente ideológica y de opinión, una versión legítima del bien común. Deben, por supuesto, ganar respaldo y triunfar electoralmente pero su existencia no puede agotarse en llevar a un personaje al poder. Construir representación en la actualidad significa expresar la disidencia frente a la unanimidad; proyectar una institucionalidad que trascienda los triunfos y las derrotas electorales.
Las organizaciones políticas ecuatorianas, las que son en realidad y no se conforman como simples extensiones o satélites del caudillo, tienen una misión que las unifica en sus diferencias ideológicas: ser instrumentos de construcción democrática en un país que ha dejado de ser tal.