No podría ser de otra manera que la actuación de los organismos de control incomode a quienes están inmersos en actos de corrupción o defienden estos hechos y se solidarizan con sus protagonistas desde la tribuna política. No quedaron contentos tras la destrucción e incendio del edificio de la Contraloría en octubre del 2019. Por ello emprenden campañas a través de procesos de fiscalización, aunque los verdaderos actores se protegen en la impunidad o prófugos de la justicia.
Resulta que luego del camino irregular de manipular, silenciar a asambleístas e impedir la discusión sobre el informe del caso Pandora Papers en el centro de los debates políticos que representa la Asamblea, hoy desafían con audacia y cinismo los actores de estos hechos, denunciados por miembros de la propia Comisión de Garantías Constitucionales en contra del correísmo y de su presidente y coideario del movimiento político del sector indígena.
Les incomoda que la Fiscalía, de acuerdo con sus obligaciones constitucionales, haya empezado una indagación y ha pedido información sobre el procedimiento irregular seguido para la aprobación del informe en este caso vergonzoso. Los artífices de estos hechos de manera prepotente amenazan con juicio político aunque no tengan argumentos. El presidente de la comisión ha sido denunciado por dos vocales de ese organismo y que son sus coidearios. Igual que no pudo sustentar el informe de Pandora Papers, no puso ni siquiera en debate antes de aprobarlo.
Su argumento falso: no hicieron ni más ni menos de lo dispuesto por la Asamblea. ¿Acaso el mandato fue que no debatan el informe y que silencien a los vocales que quisieron hablar? ¿Que incluyan contenidos en el camino y que las conclusiones se pongan luego? ¿Que no les entreguen los sustentos de la supuesta investigación? Todo denunciado por dos vocales de la comisión. Se sienten intocables y sueñan con destruir el trabajo destacado que realiza con valentía la Fiscal en la persecución de actos de corrupción. ¿A qué juegan ciertos asambleístas en lugar de trabajar para fortalecer las instituciones de control y combatir con firmeza la corrupción?
El correísmo quiere tumbar al Procurador porque simplemente fue uno de los acusadores en el caso Sobornos en el que fueron sentenciados sus jefes por corrupción; consecuencia de ello unos están en la cárcel y otros prófugos de la justicia, mientras existen varios procesos penales pendientes en contra de ellos.
Quieren tumbar al Superintendente de Compañías por las irregularidades en el escandaloso caso de estafa a los recursos del Isspol, pero no reparan que esto se arrastra desde el gobierno de la revolución ciudadana. Igual quieren tumbar a la Superintendente de Bancos, al Contralor y recientemente miembros de Pachacutik enfilan contra los vocales del CNE. ¿A dónde quieren llevar al país?