En una reciente reunión de empresarios, algunos sugerían dejar de discutir únicamente las amenazas que el complejo ambiente político y regulatorio plantea a los negocios, para identificar las oportunidades que podría ofrecer. A fin de cuentas, los empresarios necesitan lograr una utilidad, independientemente de la circunstancia política que les rodea y, muchas veces, a pesar de ella.
Si bien la estabilidad monetaria y el ‘boom’ económico que vive Ecuador desde hace ya una década han generado excelentes oportunidades de negocios para la mayoría de empresas, las políticas públicas de los últimos años han creado algunas oportunidades específicas.
Los empresarios que “sintonicen” con los objetivos políticos y económicos del Gobierno, tienen el potencial de captar una parte cada vez mayor de los masivos recursos con que cuenta el Estado y que continuarán nutriendo las compras públicas y el desarrollo de infraestructura. Por otro lado, las empresas que operan en los sectores económicos “priorizados” y cuyas actividades no entren en conflicto con las políticas gubernamentales, podrán contar con acceso a financiamiento, privilegios regulatorios, protecciones comerciales e, incluso, apoyo político por parte de las autoridades.
Un ambiente de precios controlados y cada vez más complejas regulaciones para los negocios, ofrece oportunidades a las empresas más grandes de cada sector, ya que poseen la escala para operar con costos bajos y la sofisticación para lidiar con un complejo y costoso ambiente regulatorio. Al mismo tiempo que las restricciones comerciales les permite conservar un mercado local cautivo gracias a la captación de cuotas de importación y a la consiguiente exclusión de potenciales competidores extranjeros.
Una economía excesivamente regulada también otorga una ventaja a los negocios informales -o abiertamente ilegales como el contrabando- que no cumplen con las reglas jurídicas ni pagan aranceles e impuestos y, por tanto, compiten en cada vez mejores condiciones frente a los negocios lícitos y formales.
Finalmente, una institucionalidad pública carente de pesos y contrapesos que pongan límites al accionar de las autoridades, beneficia a empresas -locales e internacionales- que no necesitan cumplir estándares éticos muy elevados. Las empresas que están más dispuestas a “pagar favores”, son las que más posibilidades tendrán de obtenerlos, y si bien esto ha sido siempre una lamentable práctica comercial en Ecuador, hoy los presupuestos y la discrecionalidad en la gestión gubernamental son infinitamente mayores.
Claro está, que algunas de las “oportunidades” aquí mencionadas son altamente dependientes de la vigencia del modelo económico-político que rige en Ecuador. Su eventual desestabilización podría rápidamente transformarlas en amenazas.