Hoy, la atención está en superar la pandemia con el mínimo de pérdida de vidas, sacrificando la actividad económica. Para cuando la superemos, será necesario reflexionar sobre nuestras prioridades en el manejo de los recursos del Estado, en particular de la renta petrolera.
Tendríamos una muy superior infraestructura de salud si se le hubiera destinado parte de los más de USD 5 mil millones que malgastó Correa en la Refinería del Pacífico que no se construyó, la reparación de la de Esmeraldas, que sigue en mal estado, la infraestructura de gas en Bajo Alto, que se cae a pedazos.
Asimismo la atención en salud sería muchísimo mejor si se hubiera destinado más fondos para contratar médicos, enfermeros, y otros profesionales. Pero no hubo plata para salud, porque los gobernantes prefirieron dar puestos burocráticos a todos con los que tenían compromiso, en lugar de conformar una administración pública profesional de tamaño discreto. El Estado debió centrarse en los servicios que tienen beneficio social, como seguridad, salud y educación, y regular las áreas económicas pero no invertir en ellas.
Cuando superemos la pandemia nos encontraremos con finanzas raquíticas: tanto ha crecido la burocracia, que ya la renta petrolera no alcanza. Las alternativas son más impuestos o permitir la inversión privada en petróleo y minas, que arrojará fuertes ingresos fiscales.
Se ha restringido el desarrollo del campo Ishpingo, para no incomodar a los dos grupos familiares Huaorani que decidieron no asimilarse. Hay que respetar esa decisión, y se las ha concedido más de 700 mil hectáreas de zona intangible. ¿Pero… debe la zona intangible incluir áreas de interés petrolero? Como nación somos tan absolutistas en eso, que estamos dispuestos a perder miles de millones de dólares en ingresos petroleros por no modificar esa zona. Y como la civilización occidental es un imán incontenible, no pasarán ni dos generaciones antes que los descendientes de los alrededor de 300 indígenas no contactados hayan abandonado su aislamiento. No hay proporción entre el sacrificio fiscal, y el beneficio acordado.
Las cortes, al menos en Azuay, se inclinan por retirarle al Estado el derecho sobre los recursos mineros. Los evangelistas del ecologismo extremo predican sobre los males de la minería y han propiciado la destrucción de dos campamentos mineros. Chile y Perú sustentan su economía en la minería, tenemos la misma geología, las mineras internacionales pugnan por permisos para invertir, pero las instituciones del Estado ponen trabas o toman decisiones con parsimonia. La salida de la crisis, con renta minera, será menos dolorosa que sin ella.
¿Tenemos conciencia que las decisiones en minería y petróleo y el tamaño de la burocracia tienen incidencia directa en el bienestar de la familia ecuatoriana?