Arrancó la gran minería

El domingo tuvo lugar la primera exportación de concentrado de oro de Fruta del Norte, de Lundin Gold. A fines de noviembre se embarcó rumbo a China la primera carga de un polvo rico en cobre de la mina Mirador 1, de Ecuacorriente. Ambas estás en la Cordillera Cóndor, y su producción alcanzará la plenitud en 2020.

Son las primeras exportaciones de gran minería en la historia. Hasta entonces las exportaciones mineras eran de oro extraído por pequeñas y medianas empresas en El Oro y el cantón Ponce Enríquez de Azuay, y de Nambija y otras minas en la Cordillera del Cóndor.

Las grandes mineras tienen contratos con el Estado: por ley la participación estatal es al menos el 50% del rendimiento. El desarrollo minero conlleva un importante beneficio fiscal. Esto contrasta con la pequeña y mediana minería, donde el beneficio queda en la economía local: lo que ganan y gastan asalariados, mineros independientes y empresarios mineros. Las perspectivas mineras han mejorado mucho desde mediados del año, a partir que las autoridades anunciaran una nueva política para el sector.

La fuerza pública montó operativos para desmantelar operaciones ilegales; al menos las mayores, como aquella en Urcuquí, están controladas por mafias. Se nombró un nuevo ministro de Ambiente quien se ha preocupado por tornar más ágil el procesamiento de licencias ambientales. Se depura el catastro minero, con miras a que en 2020 se reabra y que las mineras soliciten bloques para operar.

Paralelamente, la Corte Constitucional, en un pronunciamiento sobre solicitudes de consultas populares mineras, si bien reconoció la existencia de ese derecho, puso alta la vara para su convocatoria. No pueden hacerse preguntas tendenciosas; tienen que explicarse las consecuencias de la aprobación de lo consultado; solo puede consultarse sobre proyectos específicos. Se va al tacho –presumo- el fallo del juez de Azuay que el voto favorable a la pregunta minera que planteó el Presidente Moreno en el referendo de febrero 2018, debía interpretarse como un rechazo a la minería.

En 2021 entraría a producir la mina de oro Loma Larga, en Azuay, y también Río Blanco, si se levanta la prohibición a operar dictada por las cortes azuayas, y una vez que se rehabilite el campamento que destruyeron los activistas. Para 2024, comenzará la producción de las minas descubiertas recientemente, entre esas la inmensa de cobre y oro en Imbabura, Cascabel. Ecuacorriente incorporaría la segunda fase de Mirador y luego Panantza-San Carlos en Morona; después vendrían las minas que descubran las empresas que hoy reciben los permisos para explorar.

Para la segunda mitad de la nueva década, la minería estará haciendo una fuerte contribución para la convalecencia de las finanzas públicas y el crecimiento económico.

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