Sebastián Mantilla

¿Persecución o justicia?

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Miércoles 24 de abril 2019

Ha muerto de manera trágica Alan García. Fue dos veces presidente de Perú (1985-1990 y 2006-2011), líder histórico del Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana y un personaje que marcó la política peruana durante los últimos 40 años.

Justo cuando iba a ser detenido por la policía, haciendo efectiva una orden de prisión de la fiscalía por presuntos actos de corrupción, específicamente por la adjudicación a dedo de uno de los tramos del metro de Lima a la constructora brasileña Odebrecht, decidió quitarse la vida de un disparo en la cabeza.

En una carta póstuma dirigida a sus familiares, el expresidente negó cualquier acto de corrupción. Denunciaba, al mismo tiempo, una persecución política, ratificando no estar dispuesto a soportar humillaciones, injusticias y circos. Esto ha provocado que la opinión pública peruana quede dividida. Unos defienden la inocencia del ex mandatario y otros ratifican el papel de la justicia peruana en su lucha contra la corrupción y, en especial, en develar la trama de corrupción de Odebrecht en el Perú.

De acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la firma Odebrecht pagó USD 788 millones en sobornos a autoridades y altos funcionarios de América Latina a cambio de la adjudicación de obras. Aunque la mayor parte de coimas fueron pagadas en Brasil (USD 349 millones), sumas importantes se entregaron en otros países de la región: México USD 10,5 millones, República Dominicana USD 92 millones, Venezuela USD 98 millones, Argentina USD 35 millones, Colombia, USD 11 millones, Ecuador USD 33,5 millones y Perú USD 29 millones.

En el caso peruano fueron sindicados cuatro ex presidentes: Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Umala (bajo investigación), Alejandro Toledo (prófugo) y García. Y, si el deceso de García no bloquea la acción de la justicia, no sería nada raro que buena parte de los mencionados y sus más cercanos colaboradores vayan a la cárcel.

Aunque no pudo avanzar el juicio que permita determinar la culpabilidad de García en el escándalo de Odebrecht, medios peruanos confirman el pago de un millón a través de una “offshore” (práctica desarrollada a la perfección en la época del correismo en Ecuador) del empresario Miguel Atala. También estarían involucrados su ex secretario de la presidencia, Luis Nava, y su hijo.

Es cierto que hoy en día los costos de las campañas electorales son elevadísimos y muchos políticos tienden a financiarlas a cambio de favores. Sin embargo, esto no es justificativo para el cobro de sobornos y coimas. Los costos de hacer política deberían transparentarse en América Latina.

Todas las autoridades y funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas. Por ello, la acción de la justicia no debería verse como una persecución sino como un mandato al cual deberían someterse todos. Una pena que en esto García no haya cumplido su misión.