Rodrigo Albuja Chaves

Planificar el crecimiento

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Viernes 29 de noviembre 2019

Con el Proyecto de Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, el Gobierno se propone obtener ingresos para sanear las finanzas del país. El proyecto se presenta luego de dos intentos frustrados y con las huellas frescas de la protesta de las organizaciones indígenas y sus consecuencias. En efecto, no solo se pospuso el freno al contrabando de los combustibles y el ahorro de recursos, sino que logró llamar la atención del país sobre la necesidad de enfrentar las inequidades sociales y la pobreza. De allí que al problema de la eliminación de los subsidios y de la búsqueda del equilibrio fiscal se suma ahora el reto de encontrar un mecanismo que permita compensar el incremento de los precios de muchos bienes y servicios, que afectará a los grupos más necesitados por efecto de esa medida.

La protesta modificó el escenario social aunque por el momento las piezas vuelvan, aparentemente, a ajustarse. Así, el súbito reconocimiento expresado por sectores que tradicionalmente han olvidado las necesidades de los ecuatorianos menos favorecidos, sobre la urgencia de superar la pobreza y las desigualdades en el país, se diluyó con el pasar de los días.

Pero los dos proyectos frustrados no son solamente una sucesión de eventos, pues la viabilidad para el saneamiento de las finanzas que persigue el Gobierno se ha debilitado. Es sintomático que cada vez se aspira a obtener menores recursos, que serán insuficientes frente a las necesidades. Y con el inicio tras bastidores de la campaña política para las elecciones del 2021, el debate sobre el proyecto de simplificación tributaria tendrá ese carácter. Pero la aprobación total o parcial del proyecto no afecta a lo medular.

La meta de sanear las finanzas y alcanzar el equilibrio fiscal es legítima si se inserta en un objetivo hacia el cual transiten en forma coherente las diferentes medidas, políticas y asignación de recursos a aplicarse, como las reformas en materia monetaria y de empleo que se avecinan.

El problema del desempleo es grave y no existe una política adecuada que ya debió estar en marcha. No existe una política con mecanismos para lograr que la inversión privada nacional y extranjera actúen, que los capitales regresen. La inversión requiere de condiciones atractivas, pues ellas se dirigen a los buenos negocios, esa es su esencia. Eso significa disponer de una buena coyuntura, es decir una mejor capacidad de consumo de la población.

Una estrategia con un objetivo claro como la reactivación de la economía con generación de empleo puede alcanzar consensos y compromisos de los diferentes sectores para apostar por la solución de los problemas nacionales.

En fin, es hora de actuar de una manera diferente a la sola obligación de cumplir con los compromisos derivados de la Carta de Intención frente al Fondo Monetario Internacional. Es un gran reto para el Gobierno, pero es una oportunidad para hacer una tarea histórica.