La decisión de gestionar la suscripción de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos abrió un amplio espacio para la opinión –muy optimista- de sectores que anuncian resultados favorables que se obtendrían con el acuerdo: el Ecuador se convertiría en una plataforma de exportaciones y en un polo atractivo para las inversiones, y ganaría una herramienta muy importante para mejorar su competitividad y conquistar mercados. Pero las condiciones económicas en las que el país asumiría su preparación y negociaciones no son las mejores; el momento político para los dos países tampoco es el más adecuado a fin de asegurar una negociación sostenible, de cara a la elección de sus respectivos presidentes, quienes asumirían la responsabilidad de ejecutar el acuerdo.
En lo interno, los sectores económicos y sociales pugnarán por tratamientos que beneficien a sus intereses y aspiraciones. Y también existen condicionantes que el país debe resolver –los llamados irritantes- que requieren cambios de reglas y normativas legales que podrían agravar la delicada situación y exacerbar el descontento de los sectores sociales: los litigios por resolver en las cortes internacionales presentados por empresas norteamericanas en contra del Estado ecuatoriano; los temas relacionados con los Tratados Bilaterales de Inversión; el Impuesto a la Salida de Divisas; la aplicación de derechos de propiedad intelectual y subsidios, cuya permanencia en EE.UU. se asegura en el marco de la OMC, y otros. Un problema de fondo es la carencia de una agenda de competitividad que marque el camino para fortalecer la producción nacional, en volumen y calidad, que permita acceso efectivo y durable al mercado norteamericano.
En la actual coyuntura, son necesarias decisiones para enfrentar las distorsiones en el sector fiscal y en el externo. Ante la falta de liquidez y la pérdida de competitividad de las exportaciones, por la incidencia de las devaluaciones que aplican los países con los cuales también se procesan acuerdos comerciales, el Ecuador no dispone de mecanismos de política monetaria ni de una adecuada política fiscal. En ese contexto, será necesario recurrir a medidas que aseguren el ahorro de divisas y protejan a la industria nacional, como aranceles y salvaguardias. Esas opciones producirán, seguramente, obstáculos al proceso de negociación del acuerdo comercial. El país se encuentra entonces presionado por tres flancos: cumplir las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional; la negociación del Tratado de Libre Comercio a partir de las condiciones que plantee EE.UU.; y, la necesidad de acumular recursos para cumplir obligaciones internas y de la deuda externa. Como telón de fondo se encuentran el agravamiento de la pobreza, el desempleo, la inequidad y el descontento social.