Todos los países tienen carencias. Ninguno puede suplir todas las necesidades que afronta. Esta realidad obliga a establecer prioridades para atender lo más urgente, lo impostergable. De esa manera se solucionan los problemas principales en salud, educación, alimentación, infraestructura básica, funcionamiento de la economía y quedan menos asuntos indispensables sin atender, a más de que no se pasan angustias por la falta de disponibilidades.
Se anuncia en estos días la suspensión de servicios gubernamentales porque la baja actividad que se desarrolla no justifica mantener la operación, por ejemplo, del servicio aéreo. Tame ha operado en localidades que, de otra manera, no lo tendrían, porque comercialmente no hay quien lo haga. Eso ha constituido un subsidio, que compensaba con rutas productivas. La situación financiera de Tame, que según su gerente, ha perdido USD 58 millones en los dos últimos años, hace insostenibles esas operaciones deficitarias. La realidad financiera estatal y la de la empresa se impone sobre los buenos propósitos.
Han sido recurrentes también las noticias sobre la subutilización o suspensión de operaciones de varios aeropuertos construidos o mejorados sustancialmente en los últimos años. En Latacunga –¡recordemos que su construcción fue promovida como alternativa para que no se construya el de Quito!- Tame mantendrá una sola frecuencia de las tres diarias a Coca. A Guayaquil las suspendió por los problemas del Cotopaxi y no las ha reanudado. Representantes de actividades productivas temen que el aeropuerto se convierta en “elefante blanco”. La subutilización de esos aeropuertos, así como los de Santa Rosa y Tena, indica que las enormes inversiones realizadas no tuvieron la justificación debida.
La enorme cantidad de recursos provenientes de los altos precios del petróleo convirtió al Gobierno en gran propiciador de proyectos, prioritarios o no, sin mayor análisis. Esa excesiva disposición de recursos origina problemas como los de Los Samanes en cuya negociación, realizada entre instituciones del sector público, no debería haber beneficiarios ilegítimos. Aunque sea pagando más, como señalan funcionarios. Había el dinero y había que gastarlo, esa era la norma. Como en la construcción de puentes y carreteras de concreto, sobredimensionadas, por las que casi nadie circula. Nadie se para a calcular el perjuicio millonario que sufre el país al mantener obras sin utilización, subutilizadas, o iniciadas y sin terminar.
Si se suman los valores de todas esas obras –las subutilizadas, los “elefantes blancos”- se encontrará explicación a buena parte de lo que sucede en la economía nacional.
Los países no pueden –no deben- gastar todos los recursos que, excesivos circunstancialmente, no lo son con una mirada de largo plazo. Los países con recursos limitados, como el nuestro, tienen que observar prioridades.
Columnista invitado