Coincido con el Presidente de la República en que Latinoamérica es una región de enormes desigualdades económicas. Coincido también en que es necesario alcanzar un modelo social que permita redistribuir la riqueza de forma más justa y equilibrada.
En lo que no coincido es en la forma en que se pretende alcanzar metas tan encomiables. No coincido con una carga excesiva de impuestos que, en lugar de incentivar la producción y generación de empleo, ponga en riesgo la inversión y con ella la estabilidad laboral de los ciudadanos. No puedo coincidir, por ejemplo, con el proyecto de ley de herencias que se envió al Legislativo en medio de una desafortunada declaración de guerra en la que se prometió acabar con las empresas familiares, es decir, con el 80% de las sociedades del Ecuador. Se ha repetido hasta el cansancio que este impuesto en realidad solo afectaría al 2% de la población y que la clase media y los pobres jamás serán perjudicados. Si esto es cierto entonces debemos preguntarnos si ¿el 2% de “ricos afectados” son en verdad propietarios del 80% de esas sociedades familiares a las que se busca disolver? O si ¿la enorme clase media del país que en una gran mayoría trabaja para ese 80% de empresas, saldrá incólume de un probable cierre o desinversión en aquellas sociedades “familiares”?
Tampoco puedo coincidir con un proyecto como el de reforma a la plusvalía que intenta ser otro instrumento para alcanzar los loables objetivos que el Gobierno se ha trazado. Desde el anuncio de envío a la Asamblea de este embrión de ley se paralizaron “temporalmente” los negocios de inmuebles y la construcción de nuevos proyectos inmobiliarios. A menos que este proyecto esconda entre líneas un secreto para dinamizar y potenciar la industria de la construcción sin que nadie se haya dado cuenta, los grandes perjudicados de un estancamiento de la referida industria serán en primer lugar varios miles de obreros que perderán sus trabajos, en segundo lugar algunos miles de fabricantes, distribuidores, importadores y proveedores de materiales de construcción que no tendrán a quien vender un ladrillo; y, en tercer lugar, los constructores que no tengan empresas familiares, pues estos, como es obvio, antes de invertir en un bien inmueble en Ecuador para dejar a sus hijos el problema futuro de la herencia o asumir un descomunal impuesto a la plusvalía en el presente, preferirán pagar el 5% de impuesto a la salida de capitales e invertir en cualquier otro país que les brinde confianza y seguridad jurídica.
También coincido en que el país necesita un ambiente de paz, pero no por la coyuntura de la visita papal que hoy mantiene en vilo al Gobierno y a sus devotos, sino un verdadero ambiente de paz, seguridad y estabilidad para trabajar, progresar y crear la riqueza que pretendemos distribuir a toda la sociedad, salvo que estemos hablando de repartir miseria, distribuir pérdidas y democratizar el desempleo. Si es así, no salen las cuentas.
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