Una estela de destrucción en varios aspectos dejó el proceso de manifestaciones de octubre en distintas facetas.
Ahora comentaremos un caso particular. De los 467 detectores de velocidad instalados en el país, durante las protestas desaparecieron 26 y dos, afectados, han sido ya reparados y han vuelto a funcionar.
Las provincias donde se registraron mayores desmanes contra estos bienes públicos son Imbabura, Pichincha y Cotopaxi. En Cotopaxi, por ejemplo, una zona donde el trazado de la carretera propende al desarrollo de la velocidad está en El Chasqui (zona cercana al volcán).
Los moradores del lugar expresan su preocupación porque muchas veces cruzan la vía a pie. Pero ese es otro tema y se debiera instalar los suficientes pasos peatonales que garanticen la seguridad plena de las personas, sin que se arriesguen a atravesar una vía transitada y donde los vehículos toman velocidad.
Allí los radares son fundamentales para lograr que se controle la velocidad. De hecho los datos oficiales dan cuenta de una rebaja del 60% de la accidentalidad en el país desde la instalación de dichos sistemas.
Los datos recogidos hablan de autobuses de pasajeros que exceden los límites de modo irresponsable. Hay una ley que castiga con cárcel de tres a cinco años el exceso pero, como ocurre en nuestro país, esa restricción no se acata a rajatabla.
La publicación de este Diario, muestra que, por ejemplo en las cercanías del centro de Rehabilitación de Latacunga, los destrozos fueron severos. Se emplearon los tubos para bloquear el paso por la vía. Los datos periodísticos revelan también que se usaron sierras para destruir el material. Cada radar cuesta sobre USD 41 000.
En las zonas aledañas a Quito, como la Ruta Viva, la Panamericana y las vía al Aeropuerto, también los sistemas fueron destruidos.
Si la gente no cuida sus bienes, si los que protestan lo destruyen todo, hay desprecio por la vida propia y la de los demás. Una reflexión cívica más allá de costos, seguros y reparaciones.