Miguel Rivadeneira

Los presos al poder

valore
Descrición
Indignado 10
Triste 4
Indiferente 1
Sorprendido 1
Contento 53
Lunes 19 de octubre 2020

Resulta lamentable escuchar a la máxima autoridad electoral que solo quienes tengan sentencia ejecutoriada no pueden ser candidatos. Eso genera desconfianza e incertidumbre y deteriora más al sistema político. Sin el debido esclarecimiento de la aplicación de todas las normas, que están obligados a hacer, no pueden dejar abierta la posibilidad de que quienes están en la cárcel, con procesos judiciales y presunciones de haber cometido delitos, puedan postularse en busca de inmunidad y la posibilidad de fuga.

El principio de inmunidad electoral es momentáneo y de lo que pudiera cometerse en ese tiempo. No puede cobijar jamás los delitos anteriores, como bien han ilustrado juristas y expertos en materia electoral. Caso contrario se sentaría un precedente nefasto y los presos sin sentencia pudieran optar por una candidatura y pasar de la cárcel al poder. ¿Cómo pueden ser admitidos si no aceptaron personalmente la candidatura y tampoco son producto de un proceso de democracia interna como exige la norma? Avergüenza que ciertas organizaciones políticas no tengan otros candidatos que no sean reos y demuestran que no tienen gente con probidad notoria.

No quisiéramos vivir la experiencia de Argentina: la ex presidenta fue elegida Vicepresidenta a pesar de tener decenas de juicios por muchos actos de corrupción, sus colaboradores fueron a la cárcel y su familia manchada de irregularidades. Aquí un prófugo de la justicia y audaz condenado pretendió sorprender y hacer lo mismo.

Según datos oficiales, con corte a septiembre último había 38.346 personas privadas de libertad. De ellas, 22.086 sentenciadas, 15.284 procesadas, 516 contraventores y 367 con medidas de apremio. Es decir, cerca de 16 mil presos, que no tienen sentencia ejecutoriada, pudieran potencialmente ser candidatos, con solo ese argumento peregrino.

Tratan de manipular para favorecer a unos. Según la Ley Electoral (art. 108), los candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo casos de delitos flagrantes. No dice que se paralizan los juicios mientras son candidatos. Señala que proclamados los resultados podrán activarse procesos penales contra ellos, no reactivarse los que se suspendieran. No pueden aupar a quienes han cometido delitos.

Cómo puede permitirse (como sostienen más de 40 respetables juristas) que se de paso en los máximos organismos electorales a la calificación de quien no proviene de un proceso de democracia interna (caso del correísmo) ni hubo aceptación expresa y personal y por tanto debió ser descalificada, sin posibilidad de subsanación con su reemplazo, además de haber presentado documento falso. ¿Cómo se puede garantizar transparencia e independencia con estas malas actuaciones?