Hoy, en vísperas de un proceso electoral, el país tiene que hacer cumplir el pronunciamiento popular mayoritario (más del 73 % de votos) expresado en las urnas en febrero del 2018, que ordenó la enmienda de la Constitución y la inclusión de disposiciones en la Ley Electoral, Código de la Democracia; Ley de Servicio Público; Código Integral Penal, con el objeto de que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación definitiva para participar en la vida política y la pérdida de sus bienes.
En el anexo de la pregunta uno se aprobó que las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada, estarán impedidos para ser candidatos de elección popular, contratar con el Estado, desempeñar cargos públicos y perderán sus derechos de participación establecidos en la Constitución. Ese mandato popular no es negociable ni puede torcerse con interpretaciones ni sentencias. Es de obligatorio cumplimiento para todos y permitirá proscribir y enterrar a los políticos corruptos.
Se necesita un baño de verdad para destapar esta olla de corrupción, sancionar a los culpables y terminar la impunidad. Tanta audacia de políticos que al grito de ¡viva la patria!, o escudados en las curules u otros altos cargos públicos han esquilmado los recursos del pueblo. Defienden a presuntos delincuentes, que hasta que lleguen las sentencias por lo menos han quedado al descubierto con cuentas millonarias, cientos de miles de dólares en billetes y lujosos bienes.
No se puede mirar impasible cómo se destapan los abusos en la consecución de carnés de discapacidad en todos los sectores: políticos, legisladores, abogados que dicen defender la legalidad, jueces que deben administrar justicia, autoridades de funciones del Estado que si fuera real la valoración de sus discapacidades tendrían obstáculos para laborar con normalidad y necesitarían ayuda y no como aparecen con cinismo.
Hay el desafío de fortalecer la institucionalidad, apoyar la tarea emprendida desde la Fiscalía hasta lograr su plena independencia como en otros países, rescatar a la justicia que se viniera a menos con la metida de manos del prófugo en Bélgica, sentenciado por corrupción y cohecho agravado, y porque además está en proceso de selección y de evaluación de jueces.
El país necesita un pacto ético que reúna a diferentes sectores comprometidos con la honestidad y la búsqueda de la verdad. Por ello es loable la propuesta que impulsa la Corporación Participación Ciudadana con la inclusión de organizaciones sociales, académicos, empresarios, activistas sociales, artistas, docentes, comunicadores, estudiantes y tantos otros más.