No hay arreglo con gran parte de dirigentes y quienes hacen política. Pese a las demandas de cambio de conductas, de actitudes y de combatir a la corrupción, manifestada en las urnas el once de abril, siguen la misma dinámica de tratar de imponer sus intereses personales y de grupo. Solo cambian los actores e incluso en muchos casos se repiten los mismos. Se han vuelto “chulqueros” de la política, que prestan ilusiones y esperanza y luego pasan por el cobro, pero de sus altos intereses personales y de grupo.
Mientras se tiende la mano en busca de acuerdos y consensos, otros asienten los llamados, hacen sus cálculos propios y van más allá de lo que debiera ser un compromiso de gobernanza transparente, sin chantajes, en beneficio del país. Los que no pudieron retornar al poder hacen lo imposible para volver a incidir en la administración de justicia y buscar la revisión de sentencias ejecutoriadas por actos de corrupción. Sueñan con eso porque no quieren su inhabilitación política de por vida aprobada por el pueblo en las urnas en febrero del 2018.
A la mayoría de las organizaciones políticas y también de centros de educación superior, salvo excepciones, les ha importado poco la formación de nuevos liderazgos y de profesionales, con respeto a principios, la ética y la moral. La formación primero de seres humanos con valores, que piensen en el servicio al pueblo, que dicen defender, y no solo en acumular dinero y riqueza lo más pronto posible, a través de actos de corrupción.
Las organizaciones políticas tienen una enorme responsabilidad en la formación de los cuadros de quienes luego aspiran a un cargo de elección popular. No capacitan ni preparan nuevos líderes. Siguen vigentes los caciques. Incluyen y candidatizan a los que aportan económicamente, no importa su trayectoria. Eso se evidenció en el último proceso electoral, con personajes con plata y que ni siquiera estaban enterados de la realidad nacional.
Han fallado universidades en la formación de profesionales con principios y valores. Cómo puede entenderse que haya abogados que salen al libre ejercicio y en lugar de ejercer una defensa técnico-jurídica con ética tengan que ofrecerse al cliente a cambio de jugosos pagos por sus servicios prestados. No importa que hayan delinquido o cometido actos de corrupción, demostrados por la Fiscalía ante los jueces. El principal argumento es la frase común de ser “perseguido político”. Unos se vinculan a la política y sin empacho prometen que si ganan elecciones se toman la justicia, revisan sentencias y les sacan de las cárceles, sin reparar que el recurso de revisión tiene sus limitaciones legales.¿Y qué pasa cuando incumplen? Otros prepotentes injurian a juezas y jueces y no les pasa nada a pesar de que el Código de la Función Judicial establece prohibiciones y sanciones.