Como todo en la vida, los extremos no son sanos ni buenos, es mejor puntos medios que acerquen posiciones. Si la normativa laboral en el Ecuador es sesgada al trabajador, es decir, protege en exceso al que tiene un empleo a través de exigencias salariales excesivas, costos de despido desproporcionados, beneficios incompatibles con la actividad empresarial como es la jubilación patronal, imposiciones para jornadas laborales que no consideren la hora trabajada sino el número de horas acumuladas en el mes, contratos laborales que no distingan la diversidad de las actividades productivas o tiempos de contratación laboral que no permiten evaluar adecuadamente el desempeño del empleado, entre muchas otras obsolescencias de la legislación vigente, el resultado será menor propensión a contratar, más desempleo y subempleo. Al otro extremo, si la norma concentra beneficios al empleador, el resultado será abusos, trabajadores improductivos o poco motivados y acciones contrarias a la necesaria estabilidad del trabajador. Por estas razones, es fundamental contar con una legislación equilibrada, moderna y balanceada que facilite la contratación de personal y promueva el empleo.
Es importante, sin embargo, aclarar que esta parte del mercado laboral no es la única que explica el problema del empleo, pues pueden existir condiciones de contratación adecuadas y una legislación acorde a los tiempos actuales, sin embargo, si la demanda de bienes y servicios es baja, las empresas simplemente no contratarán trabajadores. Una recesión se expresa por una baja demanda, lo que conspira contra el empleo. Si se busca reanimar el empleo, las políticas públicas deben atacar ambos lados del problema: que la normativa facilite contratar personal y al tiempo reactivar la demanda lo que significará algunos requisitos como estabilidad tributaria en niveles adecuados, regles claras por parte del gobierno, costos de producción compatibles con la realidad macroeconómica, etc.
Es entonces inaceptable que en la actual coyuntura, la recesión más profunda de la historia del Ecuador, se brinden facilidades para que por fuerza mayor se pueda retirar personal sin el pago de los emolumentos del despido intempestivo, precisamente para mantener el empleo del resto de trabajadores y precautelar la vida de las empresas y la Asamblea, decida que eso es aplicable si las empresas cierran operaciones. O no se entiende el problema o si se lo entiende, más importa un eventual beneficio electoral. Con pandemia o sin virus, la actual normativa laboral es obsoleta y caduca y al que menos protege es al trabajador y al que definitivamente lo sepulta es al desempleado. Ningún empleador en su sano juicio le conviene despedir personal productivo, su actividad se basa en mantener mano de obra eficiente y un ambiente laboral adecuado.