Lolo Echeverría Echeverría

Vargas el peligroso

valore
Descrición
Indignado 6
Triste 6
Indiferente 1
Sorprendido 0
Contento 80
Sábado 30 de noviembre 2019

La población ecuatoriana había mostrado cierta simpatía por las reivindicaciones indígenas porque era la población más desamparada. Sin acceso a la educación, sin alimentación apropiada, sin servicios de salud, sin tierras y abandonada por los gobiernos, las marchas pacíficas parecieron legítimas y la dirigencia histórica mereció apoyo; a nadie la pareció mal que fueran ministros de Estado, directores de organismos y embajadores para representarnos a todos.

No es igual con la nueva dirigencia. Líderes agrestes y violentos como Vargas que insultan a las autoridades, que pasean por el país ordenando destruir pozos petroleros, asaltar plantaciones, secuestrar policías y meter candela en edificios públicos, no pueden contar con el apoyo de nadie. La respuesta tibia del Gobierno que se ha limitado a comentarios insulsos, ha provocado un grado de audacia en la dirigencia indígena que le ha convertido en un peligro.

Ahora reclaman territorios y exigen permisos para entrar en ellos con la velada amenaza de que “las comunidades pueden reaccionar”. Parece ser que hasta la llamada dirigencia histórica se ha contagiado de esta conducta autoritaria y segregacionista, de los nuevos líderes porque una ex ministra llegó a decir que es territorio indígena cualquier lugar donde se reúnan los indígenas. Pretenden, entonces, una república móvil donde pueden imponer la justicia indígena y someter a todos los ecuatorianos a su autoridad.

Esto se inició con la declaración de derechos difusos en la Constitución que son más bien ensoñaciones que posibilidades reales. El derecho a la protesta y a la resistencia que no han sido debidamente reglamentados para establecer los límites de su ejercicio y la justicia indígena que rompe la unidad jurisdiccional del Ecuador, son el origen de la conducta desbocada de la dirigencia indígena de turno. El artículo 257 habla de circunscripciones territoriales y el artículo 90 del derecho a la resistencia, pero las autoridades, legisladores y jueces, han esquivado la reglamentación de estos derechos. Nadie sabe ahora cuál es su ámbito y se pretende que constituye el derecho a violar los derechos de los demás.

Planificar y ejecutar la justicia de acuerdo a las costumbres y al derecho consuetudinario, se ha convertido en la pretensión de establecer un sistema de justicia paralelo al que las comunidades indígenas podrían someter a todos los ecuatorianos. Si utilizando costumbres ancestrales pueden resolver problemas de mala conducta con hierbas y agua fría, parece aceptable como una instancia previa a la justicia ordinaria; como la mediación que ayuda a resolver los problemas entre las partes en conflicto con apoyo de centros especializados y expertos, pero no es aplicable a todos los casos y pueden finalmente acudir a los jueces. La última novedad de la nueva dirigencia es un plan económico con impuestos y castigos a la empresa privada que concibe el Estado, según decía algún analista, como fuente inagotable de recursos a repartir.