Seguro que la tiene Presidente. Su Gobierno está ilíquido y en mora generalizada de transferencias y pagos. No se transfiere el IVA a las entidades que tienen derecho a su transferencia, ni valores de impuestos que se deben a entidades, como es el caso de Solca. Tampoco se paga facturas a contratistas y a proveedores.
Estar en mora se extiende a casi todo el sector público. La afectación contagia al conjunto de la economía.
Dos oportunidades recientes se perdieron.
Una, la eliminación de los subsidios a los derivados del petróleo, en la primera semana de octubre del 2019. Hubo muy mal manejo de la presentación de las compensaciones. El gobierno se vio forzado a dar retro, ofreciendo una focalización de su eliminación, que además sería en forma gradual, la que aún no se presenta. La segunda, que fracasó el domingo 17 de noviembre del 2019, fue la posibilidad de una ley económica urgente que permita consensos, porque el proyecto que se presentó el 18 de octubre del 2019, de 404 artículos, de reforma de 22 leyes, de decenas de disposiciones generales y transitorias, era un paquetazo que tenía normas muy buenas, como la de eliminación del anticipo del impuesto a la renta, un tratamiento preferencial a los créditos educativos, disminución de cargas en trámites burocráticos, una racionalización del gasto público y del ordenamiento presupuestario y la intención de profesionalización de la Junta de Política y Regulación Financiera y del Directorio del Banco Central, pero también normas direccionadas, por un lado, devaluando controles de sustento constitucional, cuales son los de la Contraloría y de la Superintendencia de Bancos, respecto al Banco Central, con un concepto errado de “autonomía” de casi plenos poderes, y anunciando inmunidades con riesgo de impunidad; y, por otro, reformas no sustentadas de leyes no económicas, para nada relativas a una ley urgente económica, reformas inaceptables para ser introducidas “de agache”, cuando su trámite debe ser el ordinario.
Lo lógico habría sido depurar la ley; pero, en muchos que tenían que votar, más pesó el temor de que cuando la ley corregida vaya a la sanción presidencial, se incluyan vetos para re-introducir los textos viciados.
El Gobierno estaba convencido que el proyecto podía entrar por el ministerio de la ley, por la no existencia de votos para negarlo. Y sucedió lo no esperado.
Al nuevo proyecto que viabilice recursos para salir de la espantosa iliquidez, por principio, debemos apoyarlo. El principal responsable de lograrlo debe ser el mismo Gobierno, con un texto claro, no versiones sesgadas, ni reformas “de agache”. El Ecuador requiere transparencias sobre lo de ayer y en cuanto al accionar del actual Gobierno. ¿Este asumirá esta responsabilidad?