Hay una coincidencia, diría que es difícil que alguien piense lo contrario: El Ecuador es un país con un muy elevado nivel de desinformación. La imputación es más grave, ni siquiera se supone que se trata de errores, sino de versiones de mala fe, de mentiras para engañar, de fraudes de información, a veces con pretensión de encubrirlas, usando medias verdades. La diferencia está en a quienes podría sindicarse de la desinformación.
El presidente Correa es claro y preciso –los de su entorno, lo repiten y multiplican su versión en un sin número de espacios de televisión y de radio– la culpa es de la prensa no estatal. En la reciente Cumbre de Panamá, sindicó a los medios de comunicación, señalando que uno de los problemas más graves de Latinoamérica es la propiedad de los medios. “Una buena prensa es vital para una verdadera democracia. La prensa latinoamericana es mala, muy mala”.
En alguna ocasión, el presidente Correa ya se comprometió a no descansar hasta acabar con esa prensa. Quizás se inspiró en Bolívar, en el Monte Aventino, 15 de agosto de 1805, cuando expresó “¡… juro por el Dios de mis padres, (…) por mi honor y por mi Patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español!”.
Los contradictores del Presidente sostienen que la verdadera desinformación sale de las sabatinas –realmente mucho más importantes que el Registro Oficial– de las declaraciones de las autoridades, de los ocultamientos de información, de los enlaces y publicidades del Gobierno y de los medios de comunicación que este controla.
Lo cierto es que los adjetivos calificativos, desde los irónicos hasta los soeces, a veces desde el Gobierno, pero también desde sus contradictores, han sustituido a lo que debe ser la información al alcance de todos.
Podríamos dar pasos a una verdadera información. Por ejemplo, publicando los estudios actuariales que demuestren el financiamiento de las prestaciones del IESS –jubilación, salud y otras– por los próximos 15, 20 y 25 años, aun cuando el Gobierno retire la contribución del equivalente al 40% de las pensiones jubilares, que por norma constitucional de 1998 se consagró.
Otro caso: el espacio derivado del poder que es el Consejo Nacional Electoral, debe anular su última prohibición de que se informe abiertamente sobre la hoja de vida y expediente de los posibles ungidos como vocales del Consejo de Participación Ciudadana, para que no puedan ser tachados. Esto es, con esa prohibición, se facilita el espacio para que alguien asuma méritos que no los tiene. Ojalá a nadie se le ocurra que deban cubrir su rostro con antifaz.
El mejor antídoto para la desinformación es informar. Información y verdad deben ser condiciones inseparables.