Los roces en el territorio shuar se han agudizado en estos 49 días y eso debiera preocupar a todos. Desde el 14 de diciembre, el balance es grave: un policía muerto, siete uniformados heridos, indígenas procesados, un líder shuar encarcelado, dos oficiales del Ejército retenidos durante ocho días, una denuncia por ‘secuestrar’ a ambos, una radio shuar allanada, un estado de excepción en plena vigencia.
Esto no le hace bien a nadie. Pero lejos de solucionar los problemas, el lenguaje que se ha empleado en este caso es más virulento.
Las autoridades tildaron de violentos y armados a quienes tenían en su poder a los dos subtenientes. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, ha prometido que esto no quedará en la impunidad.
Del otro lado, los shuar difundieron un mensaje de su líder, Agustín Wachapá, arrestado el 21 de diciembre. Desde la cárcel llamó a “no claudicar en la resistencia” y a “no desmayar en ese proceso”. Se ratificó en que no declinará su lucha y que continuará protegiendo los “intereses colectivos”.
La autoridad interpretó esto como una forma de instigar a los pobladores, de generar violencia y llamar a tomarse las armas.
¿Qué originó toda esta sucesión de hechos? El proyecto de minería a gran escala que impulsa el Gobierno y la intención de las comunidades de defender su territorio.
¿Qué hacer?La Constitución (art. 57) es clara. En el numeral 7 se reconoce y garantiza a los pueblos indígenas “la consulta previa (…) sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que estén en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente”.
Pero también se indica que la consulta será obligatoria y oportuna y, que de no obtener el consentimiento de los pobladores, se procederá conforme a la ley. La dirigencia indígena dice que solo quieren que se cumpla la norma.
Por ahora, ellos fueron llamados a una asamblea extraordinaria en Latacunga-Cotopaxi.
Quizá sea hora sentarse, dialogar y llegar a consensos. Que todo sea por el Ecuador.