En el desaguisado alrededor de los terrenos en los Samanes no existe posibilidad de un blanco/negro. Por un lado, está la vulneración de las normas sobre compras de inmuebles entre entidades del sector público (esas que la Procuraduría recuerda en su informe); por otro, la decisión de ordenar la devolución de lo pagado en exceso sin un proceso judicial previo.
Sin importar cuán “comandante en jefe” (figura que no existe en el país) se crea una persona, esta se encuentra sometida al derecho para la determinación de los supuestos abusos, incumplimientos y omisiones. La reacción del Comando Conjunto –cesado- fue inaceptable, una declaración pública que en un contexto democrático no podía quedarse sin respuesta; pero no se puede dejar de señalar la prepotencia de quien no respeta ningún proceso o institucionalidad.
Quedan muchas preguntas: ¿Los privilegios en las pensiones de jubilación de militares son aceptables? ¿Quiénes son responsables de la transacción en el Ministerio de Defensa, en el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas y en el Ministerio del Ambiente? ¿Cuándo se iniciarán los procesos para investigar, juzgar y sancionar a los responsables?
Un hecho me ha parecido de especial preocupación, la reacción de aquellas personas que se autodefinen como demócratas, que en más de una oportunidad en estos años han expresado su descontento por la acumulación de poder en un partido político, la débil institucionalidad, la ficticia separación de poderes, sean los que exhorten a las Fuerzas Armadas a que “defiendan sus derechos” o a retomar su “pasado glorioso”, en un claro llamado a un golpe militar.
Las personas que comparten estos mensajes, y algunos incluso más fuertes como el llamado a que los militares “pongan hue…”, están promoviendo el uso de la fuerza para imponer una posición, para defender intereses patrimoniales de quienes reciben o recibirán prestaciones de la seguridad social. Es difícil entender cómo estas personas se presentan como defensores de la democracia promoviendo la ruptura total de la institucionalidad. Parece que el llamado contra la acumulación de poder y la débil institucionalidad es una máscara, parte de un juego de sombras y luces.
Es posible que estos años de deterioro democrático (ya sabemos que mientras ganaban elecciones ese era el terreno de la disputa, ante la posibilidad de perderlas este se trasladó a las mayorías institucionales) hemos perdido de vista que la única fórmula sensata siempre será más democracia, derechos, debate, participación y mayor movilización social, en caso alguno la fuerza. No se puede mirar a otro lado ante estos irresponsables llamados a una intervención militar.Las Fuerzas Armadas no son árbitros o jugadores en una sociedad democrática, quienes así lo creen son igual de peligrosos que los que se han colocado por encima de todo y de todos.