Paola Guzmán tenía 14 años cuando empezó a sufrir abusos sexuales por parte de Bolívar Eduardo Espín Zurita, Vicerrector del colegio público en donde estudiaba. Otras estudiantes habían sido víctimas de los abusos de esa autoridad, 40 años mayor que Paola. Esto era un hecho conocido por todo el personal del colegio, pero no se denunció ni se tomó medida alguna de protección; al contrario, los abusos eran tolerados institucionalmente, ocultándolos, culpabilizando y estigmatizando a las víctimas. Poco después de cumplir 16 años Paola se suicidó, empujada por la vergüenza de una situación de abuso que no lograba comprender, desprotegida por los adultos del centro educativo. Antes de morir pasó varias horas en la enfermería del colegio sin recibir asistencia médica, mientras escuchaba a una inspectora decirle que ore en señal de arrepentimiento. Murió en un centro médico al que fue trasladada por su madre, Petita Albarracín, quien fue obligada a ver el cuerpo desnudo y abierto de su hija. Esta tenaz mujer empezó una infructuosa búsqueda de justicia en el país, enfrentándose a autoridades indolentes que culpaban a su hija por lo sucedido; la inacción institucional facilitó que el abusador, sus cómplices y los que faltaron a sus deberes de protección y denuncia quedaran en la impunidad y sin reparar los graves daños que causaron.
La Corte Interamericana, al condenar al Ecuador en este caso, dejó en claro que Paola fue víctima de una discriminación interseccional -o múltiple- por su edad y género, especialmente vulnerable por una situación de violencia estructural, con un sistema de justicia que no hizo su trabajo por visiones sesgadas y preconceptos discriminatorios de género.
Que se haya declarado que Paola, su madre y hermana, fueron víctimas de varias violaciones de derechos, es resultado de la tenaz lucha de Petita, pero no deja de ser un sucedáneo de justicia, porque los abusadores y omisos no recibirán sanción alguna; la única expectativa es que se tomen medidas para que no repitan casos similares. En 18 años son varios los gobiernos que incumplieron sus deberes en esta materia; incluso en momentos de abundancia de recursos para políticas de prevención en educación y salud, creció el número de adolescentes embarazadas por un enfoque equivocado al tratar los temas referidos a los derechos sexuales y reproductivos. Es verdad, algunas cosas han cambiado: los delitos sexuales en contra de menores de edad son imprescriptibles y las sanciones son mucho más graves, pero no hay un cambio cultural relevante, sigue culpabilizándose a las víctimas, carecemos de una adecuada educación sexual y reproductiva y el sistema de prevención, denuncia e investigación, no funciona.
El mejor homenaje a Paola sería considerar la erradicación de la violencia como un objetivo central del país, lamentablemente, recortes presupuestarios, una mala propuesta de nuevo Código de la Niñez y los posibles candidatos para las próximas elecciones, me hacen pensar que estamos lejos de lograrlo.