Se anunció algo que al final no se ha producido: que hoy tendríamos una “nueva normalidad”, término utilizado para referirse al fin progresivo de las medidas de confinamiento. Sin embargo, el aislamiento para muchos no es posible, ya sea por la obligación de trabajar presencialmente para asegurar servicios y bienes indispensables,; en algunos casos el incumplimiento se origina en la necesidad de sobrevivencia, en otros es parte de una cultura de irrespeto de las normas, en opinión de varios estudiosos, desde el famoso “se acata, pero no se cumple” de la Colonia, que hace que muchos se crean al margen o por encima de las normas.
En esta suspendida vuelta a la nueva normalidad llama la atención lo que sucede en la Función Judicial que, de la mano del Consejo de la Judicatura, no ha dado señal de prepararse para el restablecimiento del acceso a la justicia, hoy limitado a unos pocas áreas y servicios: flagrancias, ciertos temas penales, atención telemática en mediación y, luego del amplio reclamo social, a la recepción de garantías jurisdiccionales.
El Consejo de la Judicatura ha actuado con una lentitud y una falta de diligencia notables. En los primeros días se comprendía perfectamente la necesidad de paralizar la mayoría de servicios, de trámites, el cierre de instalaciones y la no realización de audiencias, con el afán de prevenir la acumulación de personas, reducir la movilización y con ello evitar contagios entre usuarios del sistema, funcionarios judiciales, jueces y profesionales del derecho, sin embargo es llamativo que, luego de cincuenta días, no exista ni un plan mínimo hacia la restitución progresiva de esos servicios.
La acumulación de causas pre covid-19, el no despacho actual, la no recepción de demandas, la no realización de audiencias programadas y el previsible aumento de los conflictos, y con ello una mayor demanda de justicia, con el obvio incremento de las exigencias a un sistema poco dado a las innovaciones. No solo resulta increíble, sino sobre todo indignante, que lo poco que se conoce sea un instructivo que regula el flujo de personas y servicios en la Corte Nacional de Justicia, algo marginal, y que no se sepa nada de cómo se prepara esa vuelta a la nueva normalidad y sus extraordinarias circunstancias.
Una Judicatura inmovilizada, la Justicia prácticamente paralizada, sin respuestas aparentes pese haber tenido suficiente tiempo para hacerlo, conciliando las medidas de seguridad con el establecimiento de horarios, turnos, nuevas formas de organización de trabajo para disminuir los flujos de personas, así como la adopción de medidas tecnológicas y sanitarias.
Todos dirigimos las miradas a la Función Ejecutiva, y con mucha razón, pero la falta de respuesta e iniciativa en la Función Judicial raya en la indolencia y afecta gravemente los derechos de todos, dando la impresión de que también los llamados a velar por las reglas, se colocan al margen de ellas en nombre de la independencia.