Fabián Corral

La fuerza mayor extraordinaria

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Jueves 09 de abril 2020

Las consecuencias de la pandemia: paralización de la producción, medidas adoptadas por las autoridades, riesgo persistente de contagio, temor justificado y los imprevisibles eventos sanitarios, sociales, políticos, etc., configuran una situación de calamidad pública, cuya superación es impredecible todavía. Es preciso, entonces, para legislar, interpretar las normas y aplicar la ley, entender la complejidad de los efectos de la “fuerza mayor extraordinaria”. Las actuales circunstancias profundizan el concepto legal de fuerza mayor, agravan sus efectos. No tienen precedente alguno.

1.- ¿Qué debería entenderse como fuerza mayor extraordinaria?

Por circunstancia catastrófica o fuerza mayor extraordinaria debería entenderse (i) la perturbación imprevisible de la vida en un área geográfica determinada, o en todo el territorio nacional, (ii) causada por epidemias o fenómenos naturales, o por efecto de acciones del hombre, (iii) que genera daños actuales y futuros, (iv) que no es imputable a ninguna persona, (iv) que coloca a la sociedad en situación de emergencia e imposibilita el desarrollo normal de las actividades, y (v) altera, de hecho, los vínculos jurídicos y la economía.

2.- Efectos de la fuerza mayor.-La fuerza mayor incide en las relaciones jurídicas y provoca: (i) la terminación del vínculo por actual imposibilidad de ejecución; (ii) o la suspensión de sus efectos, y la postergación de plazos y términos, (iii) o la modificación de la obligación o del derecho, o de ambos, (iv) impide que se configure la mora, (iv) enerva, o condiciona la posibilidad de ejecutar obligaciones, según lo originalmente previsto y según corresponda a la naturaleza del acto o contrato, (v) exonera de responsabilidad a las partes del contrato o a quienes de otro modo estuvieren relacionados, (vi) la conclusión de los vínculos jurídicos no acarrea indemnización de ninguna clase.

3.- La imposibilidad de ejecución del contrato de trabajo (Art. 169, Nº 6 Código del Trabajo).- Si la ejecución del contrato de trabajo se torna “imposible” por efecto del acontecimiento o la circunstancia sobreviniente, no hay responsabilidad ni indemnización por la terminación del vínculo. La imposibilidad que hace inejecutable la relación jurídica, implica que la prestación convenida dejó de ser practicable, que salió de la órbita de lo factible. Se trata de una alteración sobreviniente, que no depende de la voluntad, no prevista dentro del cálculo razonable de posibilidades y cuya duración es impredecible. La imposibilidad tiene que ver, además, con el carácter anónimo del hecho, no imputable a ninguna de las partes del contrato, ya que no proviene de culpa, dolo o incumplimiento de las normas.

La terminación del contrato de trabajo, en este caso, no constituye “despido intempestivo”. El despido intempestivo, o sin justa causa, depende únicamente de la voluntad del empleador. En contraste, la terminación del contrato de trabajo por fuerza mayor está determinada por la imposibilidad de ejecución de la prestación, derivada de un evento imprevisible e irresistible.

3.1.- La imposibilidad evidente debe ser actual e incondicional.-Ni la ley laboral, ni el Código Civil, establecen condición, plazo ni otra exigencia para que se configure la imposibilidad. La imposibilidad de ejecución del contrato está determinada ipso facto, por el hecho o circunstancia dañoso. Si la fuerza mayor pone obstáculos actuales e insuperables a su ejecución, la terminación del vínculo jurídico tendría lugar. Ninguna de las partes relacionadas puede quedar obligada a mantener el contrato con los costos, daños y perjuicios y riesgos consiguientes, tanto más si el hecho no es imputable a los contratantes, y, además, si su duración es impredecible.

3.2.- Los elementos de la imposibilidad.- La imposibilidad de ejecución de los contratos de trabajo provoca su conclusión, considerando las dificultades insuperables para continuar en todo, o en parte sustancial, con la actividad. Concurren a configurar esa situación de “imposibilidad”: (i) la falta de acceso al sitio de labor por la vigencia de varios “actos de autoridad” (estado de excepción, toque de queda, prohibición de movilización y cuarentena obligatoria), cuyas violaciones constituyen infracción penal; (ii) la persistencia del riesgo de contagio y el distanciamiento social, que impiden la concentración de personal en los centros de trabajo; (iii) la paralización del comercio, la caída sustancial de las exportaciones y las ventas, la ausencia de turistas, etc.; (iv) la iliquidez y las dificultades económicas; (v) la incertidumbre acerca de la duración de la pandemia y la vigencia los actos de autoridad, que pueden prolongarse y, por tanto, hacer impredecible el desarrollo de la actividad en el corto o mediano plazo.

El posterior e hipotético reinicio de las actividades, en el evento de que se supere la fuerza mayor y sus efectos, en fecha indeterminada, no incide en la configuración de la imposibilidad actual que provoca la conclusión de la relación jurídica. Las expectativas no generan consecuencias jurídicas ni obligaciones.

4.- La transacción.- La partes, por vía de transacción, prevista en la Constitución y en la ley, podrían concluir el contrato, suspender su ejecución, y diferir el cumplimiento de sus obligaciones mutuas, más allá de las previsiones normativas. En tal caso, la causa eficiente de la transacción, sería, precisamente, la imposibilidad de ejecución por fuerza mayor.

5.- Interpretación de la realidad.- Ni las autoridades, ni los jueces ni los legisladores pueden ignorar la realidad. La circunstancia debe ser asumida en sus reales dimensiones: universal, imprevisible, dañosa respecto de las personas, la sociedad y los negocios, y no imputable a sujeto alguno en concreto.