José Hidalgo Pallares
A través de un tardío boletín de prensa, el Ministerio de Finanzas dio a conocer las condiciones del contrato de venta anticipada de petróleo suscrito entre Petroecuador y PTT International Trading de Tailandia. Recién ahora sabemos, por ejemplo, que, pese al compromiso de despachar crudo, Ecuador deberá pagar un interés anual superior al 7%. El comunicado, no obstante, deja varios puntos por aclarar.
En los cinco años y medio que durará el contrato, Ecuador se compromete a enviar 116 millones de barriles de crudo, que serán entregados en cargamentos mensuales. En 2014 el país exportó casi 155 millones de barriles, lo que significa que, de mantenerse ese nivel, hasta el año 2020 el 14% de las exportaciones de crudo estarán comprometidas. Esto no parecería tan grave de no ser porque, según una reciente investigación de The New York Times, no desmentida por el Gobierno, “China es dueña de casi el 90% de las exportaciones petroleras de Ecuador, que se utilizan básicamente para pagar su deuda”. ¿Podrían las autoridades indicarnos qué porcentaje de las exportaciones de crudo de los próximos años están ya comprometidas?
Otra duda tiene que ver con el anticipo por USD 2 500 millones que Petroecuador recibirá por esta preventa. El boletín señala que “a la fecha, PTT ha transferido USD 500 millones” y que hasta fin de año entregará USD 135 millones más. Los USD 1 865 millones restantes “los otorgará durante el lapso de vigencia del contrato”. Al tratarse de un “pago anticipado” que genera intereses, se entiende que esa diferencia no se irá cancelando con cada despacho de crudo, sino anticipadamente. ¿Pero cuándo? La sed de dólares del Gobierno (evidenciada en las onerosas emisiones de deuda últimas) hace sospechar que esos recursos llegarán durante su gestión, reduciendo los ingresos petroleros de la próxima administración.
Para aclarar estos puntos, ¿por qué simplemente no se hacen públicos este contrato y los convenios similares suscritos con China? Al fin y al cabo, en ellos se negocia el principal activo del país y en una sociedad democrática no es concebible que se lo haga a las sombras. De hecho, otra inquietud que surge es por qué tuvo que pasar más de un mes desde la firma del último convenio para que se publicaran sus condiciones.
Pero las dudas más importantes tienen que ver con la actitud del Gobierno ante un contexto externo que ya no le es favorable. Ningún organismo internacional proyecta una pronta recuperación para el precio del crudo, de hecho éste podría seguir cayendo, como se observó esta semana. En ese contexto, ¿hasta cuándo piensa el Gobierno enfrentar un problema permanente con medidas temporales, como el mayor endeudamiento, las preventas de petróleo e incluso las salvaguardias? ¿Va a asumir el ajuste que la economía ecuatoriana requiere para no terminar como Grecia o va a seguir pateando la bola hacia adelante?