Hordas retardatarias

El discurso insultante de una autoridad gubernamental se convierte en confrontación, especialmente cuando se trata de un Ministerio como el de Coordinación de la Seguridad, que por esencia debe promover la concordia.

Calificar fantasiosamente a un sector social indeterminado como “Hordas Retardatarias enemigas del desarrollo”, significa desubicación y desconocimiento del auditorio al cual se dirigía, en la graduación de oficiales del Ejército y ascenso de generales. Se pretendió una vez más arrastrar a la Institución Militar al proyecto político gubernamental, esta vez arengándolos a involucrarse en el cambio de la matriz productiva: “el Ecuador cuenta con ustedes”.

Ufanarse mencionando que las Fuerzas Armadas ya no son garantes de la democracia es tratar de endilgarlas injustamente los conflictos políticos que recurrentemente ha atravesado el Ecuador, cuando la realidad objetiva ha demostrado que en el clímax de la crisis, se pone a la Institución Militar ante el dilema de reprimir con violencia o quitar el apoyo al gobernante de turno, que cae víctima de instituciones democráticas débiles e incapaces de canalizar el conflicto social.

En la Constitución anterior se refería a las FF.AA. como garantes del ordenamiento jurídico, garantizar la supremacía de la vigencia de la ley y el orden interno en situaciones extremas y de la soberanía e independencia en el orden internacional.

Paradójicamente cuando se dice que las FF.AA., ya no son garantes de la democracia, se pretende extremar sus funciones con una enmienda constitucional que fusiona la defensa nacional y la seguridad pública, agregándose tareas de prevención y control del delito.

En cuanto a la soberanía se la multiplica en alimentaria, económica, tecnológica y ecológica, excluyendo la soberanía territorial en el Plan del Buen Vivir, para reglamentar la política de ciudadanía universal, que avanza hacia la erradicación del término extranjero y así garantizar la libre movilidad a los ciudadanos del mundo en la Patria Grande.

La violencia verbal en el discurso no fue más que un desvío de la atención sobre la evaluación del Plan de Seguridad Integral que debió realizarse al asumir la función; como también sobre las coordinaciones entre las 8 agendas promulgadas para las instituciones de seguridad y sobre las coordinaciones para evitar situaciones de riesgo, como la producida en el sismo que afecto a Pomasqui, Calacalí, Caspigasi, Catequilla declaradas en varios estudios como situaciones de riesgo con la minería y canteras de explotación antitécnica e ilegal, según estudios de varios años atrás, por investigaciones de Flacso, UTE, Politécnica Nacional. Si la Secretaría de Gestión de Riesgos hubiera tenido directrices precisas, la prevención, mitigación y acciones emergentes habrían evitado el desastre.

Obviamente referirse a sus responsabilidades es más complicado que emitir un discurso político provocativo.

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