¿Por qué causa tanta indignación el escándalo de los carnés de discapacitados obtenidos de forma tramposa para acogerse a beneficios tributarios sobre todo en la importación de vehículos? Porque esta corrupción hunde sus garras en un sector de la población que merece la mayor protección y apoyo de la sociedad. Mientras muchas personas que sufren discapacidades severas esperan años para obtener su carné, numerosísimos vivarachos, aprovechándose de influencias y poder o tal vez con sobornos, lo obtuvieron de la noche a la mañana y, de inmediato, se trajeron con exoneraciones vehículos de alta gama.
Entre las denuncias de corrupción se cuentan otras de montos infinitamente mayores, como en la refinería de Esmeraldas o el proyecto de refinería en Manabí o los sobreprecios en megaobras y los contratos petroleros. Pero hieren de forma profunda los escándalos de última data en la adquisición de insumos hospitalarios en medio de la pandemia o la manipulación del los carnés de discapacidades. Detrás de esas picardías se evidencian tres graves lacras sociales: la falta del imperio de la ley, el Estado patrimonialista y la carencia de un mínimo horizonte ético y de valores.
“Hecha la ley, hecha la trampa” es práctica arraigada en la cultura pública nacional. Tal vez como rémora de hábitos coloniales de acoger leyes y no cumplirlas, la maraña jurídica mantiene puertas abiertas para el engaño. Los problemas buscan resolverse con más leyes, aunque no se cumplan de forma recta.
En segundo lugar, un Estado de fuerte cuño patrimonialista dificulta la diferenciación entre los público y lo privado. Muchos de quienes llegan a cargos públicos se aprovechan del poder y de los bienes estatales y los usan como su patrimonio personal. Regímenes autoritarios y caudillismos populistas acentúan esa tendencia. Así el presidente Correa pudo declarar sin sonrojarse que un millón de dólares entregado por Odebrecht a uno de sus ex ministros de Electricidad constituía “un acuerdo entre privados”.
Los indignantes hechos de corrupción evidencian la carencia de un horizonte ético básico y la confusión de valores. El deterioro es evidente. Los ejemplos abundan. Hace tiempo, nadie se inmutó en las altas esferas cuando se reveló que una parte de la tesis profesional del vicepresidente Glas había sido copiada. Y el prestigioso centro de educación superior que concedió el título emitió un informe santificando esa tesis. Pocos días atrás, cuando se le formulaban cargos al ex presidente Bucaram detenido cuando la policía allanó su casa dentro de una investigación por presunto peculado en la compra de insumos médicos para el Hospital del IESS, prorrumpió con el grito de ¡Viva la patria! en lugar de justificar la posesión sin permiso de un arma de fuego y de varios de esos insumos coincidentes con los investigados.