Bajo una ventana, un sello oval anuncia “Embajada Argentina” y en ella, en un primer plano, la ex ministra de Transporte y Obras Públicas del anterior Gobierno; a la izquierda un policía se cuadra y, sudando la gota gorda, transmite el mensaje a la señora Duarte: “Manda a decir la Ministra que por lo menos devuelva el grillete”.
La caricatura de Asdrúbal, con un agudo sentido del humor, pone en evidencia el hiriente absurdo de un eventual asilo a favor de una ex funcionaria pública sobre quien pesa una ratificada sentencia de prisión en el caso “Sobornos”, por la cual los jueces de la Corte Nacional condenaron por cohecho al ex presidente Correa, al ex vicepresidente Glas, a varios altos colaboradores de su gobierno y a diez empresarios.
El grillete electrónico se introdujo en reemplazo de la prisión preventiva como medida cautelar. La finalidad es loable; pero en la practica, en muchos casos esa finalidad no se cumple o se desvirtúa: el artilugio en el tobillo del procesado, a pesar de las ofertas de vigilancia satelital, no garantiza que aquel se mantenga sin evadir la mano de la justicia en el país.
Esta situación se ha evidenciado con tanto más fuerza cuanto es mayor el número de ex funcionarios o personajes públicos procesados a quienes se les ha sustituido la prisión preventiva por el dispositivo electrónico. Meses atrás, otro procesado, Fernando Alvarado, ex Secretario de Comunicación, se lo quitó y se escapó del Ecuador, con lo cual quedó en la opinión ciudadana la decepcionante sensación de tomadura de pelo a la justicia.
Esa misma sensación se genera cuando la medida sustitutiva del grillete da pie para que los procesados sigan en ejercicio de funciones públicas: en el anterior Concejo Municipal de Quito un concejal se mantuvo campante en funciones pese al grillete; la Prefecta de Pichincha continúa en su puesto con grillete. Uno de los personajes públicos al que se lo colocó hacia fines de julio el dispositivo electrónico es el ex presidente Bucaram. Después, más graves acusaciones suscitaron otra orden de prisión y un desproporcionado operativo policial que le sacó de su domicilio en la madrugada del 12 de agosto, aunque después de la formulación de cargos regresó con la medida de arresto domiciliario. Bucaram anuncio que se presentará como candidato en las elecciones. La política se convierte en instrumento para evitar los procesos penales. Esta manipulación es una burla mayor que la de sentenciados acogidos en embajadas o funcionarios públicos procesados que, en lugar de dejar sus puestos mientras se ventila su causa en los tribunales, siguen en sus cargos como si nada pasara.
Y hasta sentenciados por actos de corrupción u otros graves delitos enarbolan la bandera de la persecución política y pretenden inscribirse de candidatos.