En las filtradas conversaciones entre dos asambleístas, uno de los cuales renunció a esa condición y se halla procesado y tras las rejas bajo cargos de delincuencia organizada, los personajes de marras hablan de pagos a otros legisladores. Ese diálogo tan poco edificante constituye una muestra más de la deplorable calidad de muchos de los representantes de la ciudadanía en la Legislatura. El desprestigio de los congresos viene de lejos. Pero parecería que en estos tiempos ha tocado fondo.
El país pasó por dos opuestos extremos: desde décadas con las interminables pugnas entre los gobiernos y los congresos hasta una etapa de sumisión de la Legislatura al Ejecutivo. Tras una flagrante violación constitucional cuando el por entonces Tribunal Supremo Electoral descabezó a 57 diputados, una jugada política los sustituyó por el “Congreso de los Manteles”; después , al creerse el presidente Correa jefe de todos los poderes, la recién bautizada Asamblea Nacional se integró con una mayoría de legisladores oficialistas sumisos, que renunciaron a ejercer sus obligaciones fiscalizadoras y a quienes el cáustico ojo popular identificó como alzamanos. Una Legislatura sin personalidades para recordar, con políticos improvisados y hasta entresacados por las diversas tiendas políticas de los espectáculos y la farándula para asegurar los votos en las sucesivas elecciones, consumó el desprestigio de la función, con secuelas muy graves para la democracia.
Cuando en el diálogo entre Eliseo Azuero y Daniel Mendoza se sugieren repartos en contante y sonante, parecería que revive el hombre del maletín en busca de consolidar mayorías legislativas. Sin embargo otra de las corrupciones ha salido a la luz pública en los últimos tiempos: ciertos asambleístas obtuvieron carnés de discapacitados para acogerse de forma abusiva a exoneraciones tributarias en la importación de vehículos. Esta corrupción se ha regado en otros poderes, como la Judicatura y el desprestigiado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Con lo antes recordado, cobra plena actualidad la propuesta del Comité para la Institucionalización Democrática de eliminar aquel inútil Consejo y trasladar sus atribuciones para elegir las autoridades de control a unas Legislatura reformada con un sistema bicameral.
Creo que se debería pensar en reducir el número de asambleístas, pero sobre todo urge asegurar en su elección condiciones básicas de idoneidad, formación y antecedentes de honorabilidad.
La depuración de los diputados pasa por fortalecer y mejorar el régimen de partidos políticos. Sin embargo, con la fragmentación y proliferación de estos y las debilidades de la cultura política, ¿será posible en las próximas elecciones contar con candidatos más confiables para la Legislatura?