Si en los años ochenta uno de los grandes desafíos de América Latina fue dejar atrás las dictaduras militares para entrar en un proceso de transición a la democracia, da la impresión que, después de todo lo que nos ha tocado vivir, el balance es más negativo que positivo.
Aunque en casi todos los países de la región han existido elecciones periódicas, éstas no necesariamente han sido libres, competitivas y justas. Un aspecto clave para contrastar con el próximo proceso electoral que se avecina en Ecuador.
Si el retorno a la democracia implicó también implantar en los países una nueva forma de estructuración de las relaciones Estado-sociedad, donde los partidos políticos jugaran un papel crucial de intermediación, esta tarea se ha cumplido de manera limitada o porque no decir deficiente.
En el caso del Ecuador, cada vez que se ha inaugurado un nuevo gobierno se ha hablado de aprobar nuevas leyes o reformar las existentes. Alianza País nos vendió la idea de que con una Nueva Constitución íbamos a cambiar de manera sustancial el país. Sin embargo, luego de 10 años de gobierno, en muchos aspectos la situación es peor. Uno de ellos tiene que ver con una de las dimensiones de la democracia: la independencia de los poderes del Estado y la lucha contra la corrupción.
Ecuador, de acuerdo al último Informe de Transparencia Internacional, está entre los más corruptos de América Latina. Entre 176 países nuestro país ocupa el puesto 120 a nivel mundial y está en los últimos puestos de la región junto a México, Paraguay, Nicaragua, Haití y Venezuela. No obstante, pese a ser uno de los países donde campea la corrupción y sobre todo la impunidad, el presidente Rafael Correa ha tenido el descaro de plantear un “Pacto Ético”. Como si el problema de la corrupción inicia y termina en los paraísos fiscales.
Llama la atención que en aquellos países donde los índices de corrupción son relativamente bajos (Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Canadá, Alemania) rige, de manera predominante, la democracia. De acuerdo a Transparencia Internacional estos países comparten ciertas características básicas: gobierno abierto, libertad de prensa, libertades civiles y sistemas judiciales independientes.
René Enrique Mayorga, en un artículo publicado en el Vol. 12 de la Revista Latinoamericana de Política Comparada, menciona: “el legado de la tercera ola de democratización en el área Andina no ha sido el desarrollo, la consolidación o la irreversibilidad de la democracia representativa y constitucional basado en contrapesos institucionales y el Estado de Derecho sino en el retorno del populismo caudillista autoritario bajo formas virulentas y radicales del pasado”.
Ahora que estamos ad portas de un nuevo proceso electoral, uno de los aspectos fundamentales que deberían abordar los diferentes candidatos a la presidencia es justamente este: cómo reconstruir la democracia.