Walter Spurrier

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Martes 03 de julio 2018

Eso es lo que me produce el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por un lado, me sorprende gratamente lo que veo. El Presidente Moreno tuvo el acierto de consultar al electorado sobre la conformación de un Consejo Transitorio, con “la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos”. El pueblo dijo sí.

El presidente nombró al Consejo ciudadanos de todos los matices ideológicos que han descollado en la sociedad civil. Este Consejo procede con pasos firmes y sólidos a devolverle la institucionalidad al país. En corto tiempo el Consejo, entre otras acciones:

Destituyó al Supercom Ochoa, instrumento de Rafael Correa para amordazar a la prensa; Nombró fiscal encargado al mejor calificado en el concurso respectivo y que no debe favores por el nombramiento, lo que destrabó las investigaciones del secuestro de Fernando Balda y del asesinato de excomandante Jorge Gabela, casos ambos en que las investigaciones apuntan hacia lo alto de la jerarquía del Estado; Destituyó al Consejo de la Judicatura, instrumento del correato para tener sometido al poder judicial, y nombró un Consejo Transitorio.

La tarea sigue. Para cuando expire su mandato, el Consejo de Participación habrá reinstaurado la institucionalidad del Estado. Es posible incluso que alcance a armar un mecanismo para combatir la corrupción.

El mandato del Consejo Transitorio fenece en menos de un año y será reemplazado por un nuevo Consejo elegido por el pueblo. He ahí el problema. En mi criterio, nunca debió haber un Consejo de Participación. Es una aberración. La Constitución de Montecristi introduce la “Participación Ciudadana” como institución de democracia directa, por sobre la democracia representativa. Es una innovación de regímenes antidemocráticos. Los ciudadanos nombrados por el Presidente fueron fichas suyas que utilizó para nombrar a los organismos de control personas que le debían fidelidad absoluta: sus secretarios, asesores, otros servidores de la presidencia. Marginando de la designación a la legislatura, donde está presente la oposición.

A futuro, el Consejo de Participación no será nombrado por el presidente. Pero será electo. O sea, que ya no será organismo de democracia directa sino un nuevo poder de la democracia representativa. Los enfrentamientos ya no serán entre gobierno y legislatura (cuando la oposición tenga mayoría): el Consejo de Participación entra a la friega.

Si el Consejo inicial fue creado para concentrar el poder en el Ejecutivo, el futuro Consejo tiene el potencial de constituirse en agente del caos. Algún día, cuando sea el momento de convocar a una Constituyente, el Consejo deberá desaparecer.