No es fácil entender y, tal vez más difícil comunicar, que el país va a requerir más deuda pública. A pesar de haberse cuadruplicado la deuda del 16% del PIB a aproximadamente el 60% del PIB entre el 2010 y el 2017, el país mantiene una serie de compromisos no pagados, de incumplirse no se lograría recuperar la confianza nacional e internacional y la situación se tornaría inmanejable en lo económico, social y político. La deuda es el resultado del desorden fiscal. Si el gasto público se dispara, como de hecho sucedió en la década anterior, la necesidad de más financiamiento aumenta, por lo que pretender reducir la deuda sin ordenar la casa es una misión imposible.
El gobierno anterior estableció un techo a la relación de la deuda respecto al PIB del 40%. Ese porcentaje ya fue superado hace algún tiempo, según el propio gobierno, analistas, institutos de investigación, entre otros. Sin embargo, es fácilmente demostrable que un coeficiente del 40% puede ser, para unos casos, un porcentaje adecuado y conveniente, o inmanejable y peligroso. Inclusive, se puede registrar una deuda del 60% del PIB que sea adecuada para la capacidad de pago de la economía o que sea imposible de cumplir con los pagos. La gran diferencia está en la estructura y el destino del endeudamiento. Muchos países tienen relaciones de deuda vs. PIB cercanas al 100% y están con buenos resultados macroeconómicos, mientras hay otros que con porcentajes bastante menores tienen ya problemas de atender sus obligaciones públicas. Por lo tanto, si la deuda es a plazos largos, a tasas de interés bajas, con la pura garantía soberana sin comprometer activos del estado como el petróleo y destinada a aumentar al patrimonio de la economía, no para gastos corrientes, es una deuda conveniente. Si por el contrario, las tasas de interés son elevadas, y los plazos de los préstamos, cortos, se entregan garantías reales y se destina a gastos corrientes que no aumentan los activos de la economía, es una deuda inconveniente que debe ser reemplazada, refinanciada o canjeada. Por tanto, más importante que insistir en el techo de la deuda es cambiar su estructura y su destino, por lo que bajar el riesgo país es prioritario. Esos objetivos son cumplibles mediante un acuerdo de al menos 3 años con los multilaterales, lo que viabilizaría el reemplazo de deuda cara por barata.
Si el límite de la deuda frente al PIB del 40% se ha convertido en un “techo político”, déjenlo o súbanlo, lo de fondo es un programa económico con reglas macrofiscales, coherente y con apoyo financiero internacional. La relación deuda/PIB puede bajar creciendo la economía pese a que el saldo nominal de la deuda no se mueva o ésta relación puede quedarse en el actual nivel con equilibrios económicos fiscales, monetarios y externos, que permitan una reactivación económica sostenida. Ordenar la casa es lo básico.