En el marco de los diálogos abiertos por el gobierno, me ha tocado la oportunidad de exponer mis modestas observaciones sobre la libertad de expresión y la ley de comunicación. Confieso que no tenía muchas expectativas, pero salí de la reunión con la esperanza renovada. La ley de comunicación es un tema difícil y seguramente no está entre las urgencias del gobierno.
La economía es la urgencia ahora y sobre ella hay buenas noticias. El presidente Lenin Moreno presentará en dos o tres semanas un plan económico “alternativo”. Escuchar esto de un miembro del gabinete es buena noticia; mejor noticia todavía es el comentario de que se intentó el diálogo, primero con los cercanos y ya que no hubo buenos resultados se abrió el diálogo a otros sectores. En suma, vienen los cambios. La noticia llega cuando empezábamos a desesperar.
Sobre el tema de la libertad de expresión hay también alentadoras noticias; el Presidente quiere agilitar el diálogo sobre reformas a la ley de comunicación y la Secretaría de Comunicación es la encargada de canalizar el proceso. La Asamblea Nacional está también interesada en hacer su parte con agilidad y existen ya 16 proyectos de reformas y se presentarán más propuestas.
La ley de comunicación y las políticas del anterior gobierno afectaron a la empresa de comunicación que ha sufrido un proceso regresivo muy serio y cada año ha tenido que reducir el número de periodistas mientras las universidades gradúan más profesionales que no encuentran trabajo. Las empresas de comunicación de los países vecinos están en expansión y pasarán muchos años para que las empresas ecuatorianas alcancen esos niveles. Urge liberar de trabas y limitaciones a la empresa de comunicación.
Respecto de la libertad de expresión no está claro si es genuino el afán de recuperar los estándares internacionales de libertad. Conviene recordar que la aprobación de la ley actual tomó cuatro años de discusiones, con mayoría legislativa; si vamos a tratar de llegar a un acuerdo entre más de 20 proyectos, sin mayoría legislativa, el proceso será largo. En los asuntos secundarios será más laborioso el consenso que en los principios. La música nacional, las políticas culturales, los medios comunitarios, las multas, tienen defensores y opositores pero todos defienden la libertad de expresión como un derecho de la persona. No se puede aplazar la recuperación de lo fundamental a la espera del difícil consenso en asuntos secundarios.
El presidente Moreno podría declarar que el país acoge los estándares internacionales sobre libertad de expresión que están contenidos en los acuerdos internacionales firmados por el Estado ecuatoriano y que se refieren a derechos humanos y, en consecuencia, son de cumplimiento obligatorio y prevalecen sobre la Constitución. Esto le haría bien a la imagen internacional de Ecuador y pondría en hechos las palabras sobre la libertad.