Agustina Giraudy, Sara Niedzwiecki y Jennifer Pribble acaban de escribir un artículo oportuno de política comparada, explicando porqué los estados fueron eficientes o no-eficientes conteniendo el covid-19. Comparan nada más México, Brasil y Argentina, pero las conclusiones bien pueden trasladarse al caso ecuatoriano. La premisa fundamental es la existencia o no de instituciones. Independientemente de la ideología política del gobernante o su carácter, las diferencias radican en cuán denso o arraigado era el Estado antes de la crisis. Lo importante del debate es cuán capaces han sido estos países de ayudar a las más vulnerables. La conclusión es que Argentina y Brasil pasaron el mejor paquete de compensación social, incluso para subempleados, porque sus estados de bienestar son los más desarrollados de América Latina junto al Uruguay, desde los años 30s. Este mismo debate sobre el Estado ha reflotado en las últimas semanas en el Ecuador y con fuerza. Se habla del papel del Estado, a veces confundiéndolo con ascensos o descensos del presupuesto fiscal y otras con el gobierno de turno. Para el ciudadano común las pruebas son mucho más sencillas ¿Existe o no servicios públicos eficientes? ¿Cuán ‘meritocrático’ es el sistema que atiende a los ciudadanos? Como en Ecuador la respuesta es No, la clase política está haciendo lo imposible por cambiar las preguntas.
Lo veo claramente en un tema que sigo de cerca, la política exterior ecuatoriana. En medio de la pandemia se ha desatado un debate agrio en redes sobre la carga que la larguísima cuota política en el servicio diplomático. Entre los críticos más virulentos sobresale Fernando Yépez, subsecretario del peor canciller de la historia, Ricardo Patiño, y vicecanciller del segundo peor, Guillaume Long. Lástima que no demostró la misma indignación para condenar los más de 600 puestos políticos asignados por sus jefes de entonces. No es que no hubo palanqueos antes del 2007, pero vaya que el correísmo llevó la práctica a proporciones faraónicas. Para el 2016, la Cancillería había sumado la mayor cantidad de pipones en su historia y no ha habido reducciones drásticas desde entonces. La falta de ética de estas prácticas y la presión sobre el erario fiscal deberían sonrojar a quienes algún rato se llamaron Ruptura de alguna cosa, pero hasta ellos tienen parientes en la lista. Lo cierto es que todos -desde el Presidente para abajo- se han sentido con el derecho de usar el Estado para acomodar a algún pariente, amigo, consorte o aliado con un buen pago en el exterior. Y nadie parece sonrojarse. No obstante el Canciller de carrera – en lugar de disculparse por no haber resistido el Olimpo – reconvino a la Primera Presidenta de la Asociación de Funcionarios que protestó por el abuso.
No es momento de tomarse cuentas entre ustedes ni vanos enfrentamientos, sino de reflexionar cómo enderezar el barco y dejar de gastar el erario fiscal en amiguismos y favores políticos en momentos en que más de 1.500 profesores van a perder su empleo y cada centavo cuenta para servicios médicos. En plena pandemia, hasta estas mini-controversias se volvieron prioritarias.