El Gobierno al banquillo

La noticia de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará la conducta del Estado ecuatoriano en el caso del diario El Universo, devuelve la esperanza de que el país logre recuperar los estándares internacionales en el respeto a la libertad de expresión y las garantías judiciales. El caso aceptado por la Corte se inició cuando el presidente Rafael Correa presentó una querella criminal contra el columnista Emilio Palacio, los directores del diario, y contra la compañía anónima El Universo, por la publicación de la columna “No a las mentiras”. El juez condenó al columnista y los tres directivos a tres años de cárcel y una indemnización de 40 millones de dólares. La sentencia fue confirmada por un tribunal de apelaciones.

El Estado y sus funcionarios no pueden atentar impunemente en contra de los ciudadanos afectando sus derechos; cuando todas las instancias nacionales han sido agotadas y no han impartido justicia, los ciudadanos pueden acudir, como en este caso, a los tribunales internacionales y exigir reparaciones. El proceso suele tomar algún tiempo, pero la Corte Interamericana puede exigir la anulación del fallo judicial avergonzando a los jueces.

El año pasado, en Argentina, la procuradora Alejandra Gils Carbó ordenó la anulación de una sentencia judicial, dictada en el año 2001, en contra de dos periodistas obligados a indemnizar al presidente Carlos Menem por daños y perjuicios ocasionados por la publicación de una noticia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que, con esa condena, el Estado argentino había vulnerado el derecho a la libertad de expresión de los periodistas.

Sería extraño que la Corte Interamericana no emitiera un fallo igual en el caso ecuatoriano. El expresidente de la Corte Constitucional, que ahora es magistrado de la Corte de San José, Patricio Pazmiño, sostuvo que la Ley de Comunicación guarda armonía con la Constitución, cuando señala que la información es un bien público, aunque recién ahora se incluye esa declaratoria en la Constitución mediante una enmienda. El catedrático Danilo Arbila decía hace poco en una columna del diario La Prensa de Panamá que Pazmiño había declarado que el sistema democrático y republicano liberal –léase vigencia de los derechos individuales, de la libertad de prensa, de la separación de poderes– ya estaba caduco y que con la Constitución ecuatoriana “se dio un giro copernicano” en esa materia. Afirmó además que ya no se debe hablar de derechos individuales sino de colectivos.

Lo que ha defendido la Corte Interamericana en sus fallos son derechos individuales conculcados por los Estados; Pazmiño estará allí como la espina en la carne si mantiene su doctrina y su inclinación política. Quienes cuestionaron su presencia en la Corte Interamericana seguirán de cerca el papel que cumpla el magistrado ecuatoriano.

lecheverria@elcomercio.org

Suplementos digitales