El 9 de septiembre de este año, el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, renunció a su cargo. Todo se originó en la acusación de uso indebido -para gastos personales- de una tarjeta corporativa de la empresa estatal petrolera Ancap y por mentir sobre un título académico que no tenía. Sendic sostiene que es inocente y que lo demostrará.
Jorge Glas, el vicepresidente de Ecuador, fue acusado de plagio de su tesis y posteriormente de ser parte de una inmensa trama de corrupción en los sectores estratégicos a su cargo. A estas denuncias se sumó la delación de José Conceição Santos, que de forma directa lo acusó de ser uno de los funcionarios ecuatorianos que recibieron, directamente o por medio de intermediarios, más de 32 millones de dólares en “pagos ilícitos”. Para ser justos con las declaraciones, Glas no sería parte, sería el eje del entramado. Por cierto, según la versión de Santos, también habrían pagado sobornos a varias compañías chinas.
La declaración de Santos sostiene que en el país (como en otros donde operaba Oderbrecht) se montó un esquema de corrupción, para facilitar la concesión de grandes obras. En el caso de la empresa brasileña: la central Mandariacu, Trasvase Daule-Vinces, Acueducto la Esperanza, Poliducto Pascuales-Cuenca y la remoción de tierras para la Refinería del Pacífico.
En este esquema, algo que sabíamos en parte por información previa, estaban involucrados varios funcionarios, entre ellos el ex Contralor, quien emitía informes favorables, desvanecía glosas; otros entregaban información privilegiada de proyectos estratégicos o modificaban pliegos de licitaciones para asegurar el triunfo de la compañía, e incluso el retiro de personas que “estorbaban”, algo de lo que se encargaban, de acuerdo al delator, dos exministros. Los corruptos negociaron el nada despreciable porcentaje de 1.3 % del valor de cada proyecto adjudicado a la empresa.
Las revelaciones de Santos pusieron en evidencia la comisión de varios delitos: asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado y testaferrismo.
Las declaraciones posteriores del Fiscal, de algunos asambleístas de Alianza País, y la denuncia de la Procuraduría abonó a la idea de que vivimos en un entorno en el que difícilmente podría lograrse justicia. Se reduce todo a linchamiento mediático y se habla del delito de asociación ilícita, el menos grave de la lista. Claro, cualquiera con sentido común se pregunta ¿asociación ilícita para cometer qué delito?
En la última campaña electoral el ex Presidente Correa rechazó lo que llamó la “venezonalización” del país” y pedía que nos comparemos con Uruguay. Con este escándalo de corrupción y la respuesta de la sociedad queda claro que nos parecemos más a la Venezuela de Maduro que a la Uruguay de Vásquez.
La reacción ética de la sociedad y del partido en el gobierno llevó a que Sendic renuncie, en el Ecuador que nos dejó Correa, y en el que nos quiere mantener una parte de Alianza País y sus funcionarios, se respira un aire contaminado de impunidad que provoca repugnancia.