Abelardo Pachano

Enredos por conveniencia

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Viernes 13 de julio 2018

Cada vez que en el Observatorio de Política Fiscal (OPF) entramos a desentrañar los componentes de un agregado nacional, los problemas aparecen de manera reiterada. Casi no hay un número o indicador en el cual no se produjo algún “afeitado” Es increíble ver cómo fueron manoseadas las cuentas fiscales y de que arbitrios se valieron para crear un infernal enredo transaccional que buscó ocultar la realidad de la caja pública.

En esta vez, supimos que todavía no es posible disponer de la información precisa del endeudamiento público. Tenemos idea, bastante aproximada de su dimensión, pero no hay como certificar dicho valor. El propio Ministerio de Finanzas, responsable de su registro, tiene dificultades en la conciliación de estas cuentas. Incluso recién está utilizando la metodología internacional para hacerlo.

Aún más, se construyeron mecanismos de compensación de cuentas con varias empresas públicas, para usarlas como comodines en la obtención de recursos prestados, a pesar de lo cual no tuvieron, o a lo mejor no quisieron, tener la prolijidad de sus registros para asegurar el control y la correcta liquidación de esas obligaciones.

El caso de los anticipos petroleros es paradigmático. Los números sobre el saldo de la deuda cambian según la fuente que se utilice. Nadie sabe, o mejor nadie quiere decir, cuánto mismo se recibió de créditos, cuánto se ha pagado de intereses, cuánto de capital, cómo se valoraron las entregas de petróleo y quién realizó las liquidaciones pertinentes.

Como no era deuda, porque así arbitrariamente lo definió el gobierno anterior, estas transacciones fueron manejadas de una manera desaprensiva y hoy la reconstrucción del uso dado y los costos ocasionados por los contratos que crearon esta enorme obligación, siendo difícil, debe ser realizada y entregada para conocimiento público.

Petroecuador da un dato. Finanzas tiene otro. El BCE no sabe lo que pasa. Es hora de esclarecer todo este entramado, al igual que todas las otras transacciones mediante las cuales el Estado ecuatoriano se convirtió en deudor. Ahí, podremos apreciar la dimensión real de esta carga nacional.

En días pasados, en una reunión pública pregunté sobre las razones por las cuales el presupuesto no recibe los beneficios del aumento del precio del petróleo. No tuve una respuesta clara. Alguien, con mucho criterio y conocimiento me dijo y posiblemente sea así: no recibió porque el Estado debía a las empresas petroleras un poco más de 1.000 millones de dólares por costos no cubiertos (carry forward) cuando el precio estuvo en niveles deprimidos; y, ahora, tiene la obligación de hacerlo antes de que el gobierno reciba el excedente.  Bingo. De cualquier manera, hoy, tampoco sabemos cual es el saldo que queda pendiente.