Alfredo Astorga

28 niños

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Martes 17 de marzo 2020

“¿Profe, usted no nos va a amarrar? ¿No nos va a poner cinta adhesiva en la boca? ¿Nos va a pegar?”

Y sucedió otra vez. Y en la misma institución escolar. 28 niños y niñas del Colegio Mejía estuvieron sometidos a torturas durante dos años, sin que lo repararan sus familias. Uno de ellos intentó suicidarse en diciembre. Tienen 10 años.
El hecho se difundió gracias a la denuncia de familiares y al Consejo de Protección de Derechos de Quito. El CDP ha puesto la cara para seguir el caso y sacarlo de la oscuridad. Finalmente, se trata de una violación colectiva de derechos que nos compete. A todos.

La profesora, A. M. Serrano hacía gala de un amplio repertorio de castigos. Amordazaba a los chicos, los amarraba a las mesas, obligaba a beber leche con ají, soplaba máchica en la cara, daba de correazos, lanzaba improperios racistas…
amenazaba, asustaba… El ambiente de terror diario debió ser paralizante. Y el silencio, una condición de sobrevivencia.

A pesar de que otros docentes se hacían los desentendidos, el caso llegó al Director por intermedio de las madres. El informe pasó por varias manos, incluyendo a autoridades distritales. Se suspendió a la docente por 90 días por la investigación y en una audiencia a la que no podían llegar las familias, se la restituyó por “falta de pruebas”. El informe médico que sustentaba los maltratos, fue ignorado.

La actitud de la maestra nos deja perplejos. ¿Qué siente cuando prepara con esmero las torturas contra los niños? ¿Cuál es el saldo que le dejan los dolores y el terror de sus estudiantes? Algo no funciona en la maestra, en la institución, en el sistema.

El CDP rechaza el maltrato, que sigue vigente y sin sanciones apropiadas. Exhorta al Estado para que cumpla su rol de garante y a la ciudadanía para que resista a la naturalización de la violencia. Solicita al Mineduc para que eleve el tema a la categoría de prioridad educativa y social. Exige 3 cosas concretas: suspender a la docente, presentar el caso en Fiscalía, investigar a las autoridades. Recuerda el caso Camacho de 2018 que golpeaba a los estudiantes con un palo y que luego de 70 días de suspensión, quedó en la nada. En la misma institución.

El Mineduc ha desatado sus protocolos: seguimiento técnico, asistencia sicopedagógica, talleres de cultura de paz. Las familias, sin embargo, han cuestionado las medidas por insuficientes y porque el Mineduc no se involucra a fondo. Insisten en la gravedad del caso… ¡tortura sistemática! ¡28 niños! Han pedido apoyo a la Defensoría del Pueblo que ha ofrecido investigación inmediata. Ojalá. La información y el seguimiento son vitales.

Sucedió otra vez… Cuántas veces más tiene que pasar para que la prevención sea práctica cotidiana. Para que la sanción a los violadores de derechos sea terminante. Esto también es calidad de la educación. Sucedió otra vez…