Los bajo puentes del canal del río Tijuana, en la esquina más al norte de México, están convertidos en enormes retretes. Bultos de personas duermen en habitáculos de cartón y telas, hoyos hechos en la tierra, alcantarillas, puentes y laderas del canal, a lo largo de los 2 kilómetros entre el este de la ciudad y la valla fronteriza con EE.UU.
El olor marea. A las 07:00, los consumidores de heroína, que allí se consigue por dos dólares la dosis, agradecen el azúcar de unos chocolates. Es la ciudad de los sin nadie. El hogar bajo el puente fronterizo de decenas de indigentes y migrantes deportados que han decidido esperar mejores tiempos para cruzar esta frontera sellada, y que sobreviven de limpiar automóviles, cargar bultos en el mercado, hacer trabajos de albañilería, reciclar basura o pedir dinero en las calles de Tijuana.
“La población que habita en el Bordo es una muestra de las condiciones extremas que pueden enfrentar los deportados más vulnerables en México”, dice el estudio Estimación y caracterización de la población residente en El Bordo del canal del río Tijuana.
Añade que los pobladores del El Bordo son mayoritariamente hombres, de unos 40 años, deportados en los últimos cuatro años, adictos (algunos comenzaron a consumir drogas en este lugar) y sin documento de identidad.
Detalla que más de la mitad habla inglés, e incluso tienen niveles de escolaridad similares a los residentes de Tijuana.
“Estos resultados reflejan que las deportaciones de EE.UU. a México están provocando separaciones familiares y la separación de los padres del ámbito doméstico, lo cual provoca la ruptura de proyectos individuales y familiares, y termina con la posibilidad de integración al país de residencia de los demás miembros de la familia”, dice el estudio.
A 2 780 kilómetros de Ciudad de México, Tijuana es la última punta al norte del país. Pertenece a la península del estado de Baja California y hace frontera con San Diego. En 2012, esta ciudad recibió a 59 845 de las 409 849 personas deportadas por el gobierno de Barack Obama. Es decir, unos siete deportados por hora. Durante décadas fue la principal puerta de entrada de migrantes a Estados Unidos.
Entre agosto y noviembre del 2013, el activista Sergio Tamai encabezó una acampada de 800 personas en la Plaza Constitución de Tijuana, para exigir programas de atención a migrantes, deportados y en situación de calle.
El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y grupos religiosos para presionar a las autoridades ha dado algunos frutos. El 7 de agosto, el Congreso legislativo de Baja California aprobó la Ley para la Protección de los Derechos y Apoyo a los Migrantes del Estado, que establece la obligación del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de proporcionar asistencia social a menores y adolescentes migrantes no acompañados y la creación de un registro de migrantes.